El fiscal federal de Santa Rosa Leonel Gómez Barbella solicitó que se desestime una denuncia por apología e instigación a cometer delitos, asociación ilícita y abuso de autoridad efectuada por el ex intendente Juan Carlos Tierno contra un proyecto de ordenanza de cannabis medicinal realizado por el Concejo Deliberante de esa ciudad.
El proyecto cuestionado establece un marco regulatorio para la registración de personas usuarias de cannabis con fines medicinales, otorga al Intendente las facultades para celebrar convenios con organismos e instituciones vinculadas a la temática y crea un Consejo Consultivo de Cannabis Medicinal de carácter interdisciplinario, conformado por usuarios y familiares, profesionales, miembros del Poder Legislativo y Ejecutivo, universidades y ONGs con el fin de brindar transparencia y garantizar el derecho de acceso a la salud.
Según el denunciante, también ex ministro de Seguridad provincial, lo establecido va en contra de la ley de estupefacientes (N°23.737), entre otros motivos, ya que permitiría la plantación de marihuana “a nivel domiciliario y/o particular, como así también municipal”. Sin embargo, la fiscalía entendió que dicha ley castiga las conductas relacionadas al tráfico y comercialización de drogas con el fin de proteger a la sociedad del acceso a sustancias que crean adicción y perjudican la salud de la comunidad; por el contrario, para Gómez Barbella ello no ocurriría en este caso, ya que el uso de productos medicinales derivados del cannabis tienden a mejorar la salud pública de la sociedad -es decir, del bien jurídico protegido- y no puede ser castigado penalmente.
Para la fiscalía el uso de productos medicinales derivados del cannabis tiende a mejorar la salud pública de la sociedad y no puede ser castigado penalmente.
Otra mirada
En este sentido, el fiscal Gómez Barbella sostuvo la necesidad de “priorizar, claramente, una mirada sanitarista frente al punitivismo de la ley de Estupefacientes y analizar la actividad en el marco de las nuevas normativas que rigen en nuestro país”. A su vez, resaltó la importancia de considerar otras legislaciones como la Ley de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados (N° 27.350), que establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados.
Por otra parte, en el dictamen se citaron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que reunió en los últimos años evidencia científica sobre el uso terapéutico y los efectos secundarios del cannabis y sus componentes. Además, el fiscal mencionó en el documento las diferentes legislaciones que reglamentaron el autocultivo de cannabis para el uso terapéutico que existen en distintas jurisdicciones del país, como así también de lugares donde está previsto que sean debatidas normas en esa línea.
Gómez Barbella sostuvo la necesidad de “priorizar una mirada sanitarista frente al punitivismo de la ley de Estupefacientes y analizar la actividad en el marco de las nuevas normativas”
La fiscalía también se pronunció acerca del peligro de la “judicialización de la política”, ya que lo denunciado se circunscribe “a la esfera de decisión que hace a la propia administración de los actos gobierno, quedando enmarcadas tales decisiones a cuestiones políticas no judiciables, donde no le corresponde al Poder Judicial o Ministerio Público Fiscal la evaluación de políticas de salud llevadas adelante por los demás poderes de los Estados Nacional, Provincial o Municipal”.
Por esos motivos, el fiscal federal entendió que los hechos “no configuran delito alguno” y solicitó, en consecuencia, que el Juzgado Federal desestime la denuncia.
