El Defensor General, Eduardo Aguirre manifestó que el Ministerio Público de la Defensa viene realizando este reclamo desde unos diez años “como mínimo”.
El objetivo del proyecto, al cual el Procurador General de La Pampa, ha dado curso tiene que ver con la jerarquización y autonomía al Ministerio Público de la Defensa.
La actual legislación, más allá de la cuestión legal “que no es para nada menor”, está marcándole a la defensa oficial límites de todo orden que conspiran contra el funcionamiento del organismo y sus dos funciones esenciales que son: “asegurar el acceso a la justicia de los ciudadanos y proteger sus derechos humanos”.
Por otro lado, Aguirre señaló que “lo que estamos planteando desde que se creó la figura del Defensor General es la necesidad de adoptar un sistema que se ajuste correctamente a la Constitución Nacional y que permite que el Ministerio Público de la Defensa tenga una jerarquía y una autonomía que sea compatible con las funciones que debe llevar a cabo ya sea de naturaleza civil, como penal”.
Esto implica en todos los casos la atención de un número muy importante de personas en la provincia de La Pampa. En Santa Rosa, primera Circunscripción Judicial de la Provincia se atiende solamente en la Defensoría Civil unas 20.000 consultas al año. En lo penal el 90 por ciento de las causas son tramitadas por defensores oficiales.
Por último, Aguirre señaló que si se concretara esta demanda histórica significa sin lugar a dudas “una transformación trascendental para la prestación del servicio. Vamos a colaborar y trabajar en este espacio que llevará a un “cambio medular” del servicio de justicia en la provincia de La Pampa.