En el día de ayer la integrante del Ministerio Público Fiscal de General Pico, Ivana Hernández, defendió su postulación ante el Senado de la Nación. La funcionaria local fue propuesta como jueza federal de General Pico.
“En la tarde de ayer tuvo vía zoom la defensa de mi pliego frente a la comisión de acuerdo del Senado de la Nación”, dijo Hernández.
Enseguida agregó que “lo que restaría de ahora en más, si se aprueba el pliego, es que el juzgado federal en General Pico se tendría que habilitar”, remarcó.
La Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por la mendocina Anabel Fernández Sagasti, fue quién habló con los candidatos y candidatas a cargos en la Justicia, quienes defendieron ante los senadores sus pliegos, enviados por Poder Ejecutivo el pasado 1 de septiembre.
En diálogo con INFOPICO RADIO 99.9, Ivana Hernández, señaló el concurso para ocupar el cargo de jueza federal en General Pico fue en años 2018. “En esa oportunidad se inscribieron alrededor de 65 profesionales, pero solo se presentaron 10 a la evaluación escrita”.
“Para el cargo de General Pico concursamos, Los abogados Guillermo Costantino, actualmente defensor penal, Rodríguez Verdier y yo”, señaló Ivana Hernández.
Conto que el cargo de jueza federal de general pico fue creado hace 16 años, pero nunca fue puesto en marcha. “A esta altura es una necesidad, porque el norte de la provincia de La Pampa es muy grande y cada vez que hay que realizar un trámite se debe viajar a Santa Rosa”.
PLIEGOS DE FUNCIONARIOS JUDICIALES AL CONGRESO
En total se trata de 29 funcionarios judiciales que fueron girados a la Comisión de Acuerdos que conduce la senadora Anabel Fernández Sagasti. La actual fiscal Ivana Hernández, como jueza federal de General Pico e Iara Silvestre, que también defendió su pliego en la tarde de ayer, como jueza federal de Santa Rosa.
El 1 de septiembre fueron veintinueve pliegos de jueces y defensores fueron remitidos por el Poder Ejecutivo a la Comisión de Acuerdos del Senado, con el fin de llenar vacantes en distintos distritos del país.
La lista está integrada por Edgardo Correa, Enrique Alonso Regueira y Diego Cormick postulados como jueces de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires; Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, como juez federal de primera instancia de Mercedes (Buenos Aires); Susana Pravata, como jueza de primera instancia N° 4 de Mendoza; Hugo Navarro, para jueza de cámara del Tribunal Oral de menores 3 de CABA; María Carolina Pereira, como jueza de Cámara del tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis; Martín Innocente como juez federal de primera instancia de Roque Sáenz Peña, Chaco; María Belén Puebla como jueza nacional de primera instancia en lo Civil 108 de CABA; Pablo Quiros, juez federal de primera instancia número dos de Mendoza; y a Pablo Salinas, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Mendoza; y David Perelmuter, como juez de cámara del Tribunal Oral de Menores 1 de la ciudad de Buenos Aires.
Están también María Constanza Caeiro, como jueza nacional de primera instancia en lo Civil 30 de CABA; Iara Silvestre, como jueza federal de Santa Rosa (La Pampa); Héctor Heim, como juez federal de Pehuajó (provincia de Buenos Aires); Ivana Hernández, como jueza federal de General Pico (La Pampa); y María Caccioppoli, jueza federal 2 en Concepción del Uruguay.
La lista incluye a Néstor Barral, como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín; Juan Fantini Albarenque, como vocal de la sala dos de la Cámara Federal de Seguridad Social; Viviana Piñeiro, vocal de la sala 1 de la Cámara Federal de Seguridad Social; y Daniel Alonso, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
También figuran Guillermo Todarello, defensor oficial adjunto ante la Cámara Federal de Casación Penal; Gema Guillen Correa, como defensora ante los juzgados federales de primera instancia de San Juan, e Inés Jaureguiberry como defensora pública en la provincia de Buenos Aires; a Ivana Mezzelani, como defensora ante tribunales de La Plata; Ramiro Rúa, como defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación; y Alejo Amuchastegui, como defensor en tribunales de Mendoza.
Figura también el pliego de Eduardo Villalba, como fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta; y Martina Gómez Romero, en la Defensoría General de la Nación.
