Roberto Luis Peralta, de 53 años, y Leonardo Nahuel Romero, de 26, fueron condenados hoy a un año de prisión en suspenso por ser autores del delito de hurto calificado por uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante o llave verdadera que hubiera sustraída o hallada.
La sentencia fue dictada por el juez de control piquense, Heber Alcides Pregno, a partir de un acuerdo de juicio abreviado rubricado por la fiscala Verónica Campo, el defensor particular Gastón Eduardo Gómez y los propios imputados. El damnificado, al ser informado de sus alcances, no puso objeciones. En ella el magistrado ordenó el decomiso de un Toyota Corolla a favor del Estado provincial.
El hecho ilícito se produjo el 6 de mayo del año pasado en calle 17 entre 10 y 12, en General Pico. Allí estaba estacionada una camioneta Toyota Hilux, de cuyo interior sustrajeron una agenda, documentación particular y de una inmobiliaria (recibos, facturas, talonarios, etc.), una billetera, una mochila y 6.000 pesos.
Para sustraer la camioneta, Romero usó “un inhibidor de señal para frustrar el cierre del vehículo, desde la vereda opuesta donde estaba estacionada”, dice el fallo. Luego de ello, se dirigió a un Corolla –estacionado en calle 10 casi esquina 17– donde se hallaba Peralta y al que luego se subió una mujer, Rosa Leonor Aleman, quien fue declarada en rebeldía y sobre quien existe un pedido de captura. Posteriormente los tres se retiraron del lugar.
“Existe como prueba objetiva, y contundente, la filmación obtenida del supermercado Shun, por medio del cual se pudo observar claramente la maniobra delictiva llevada a cabo por Peralta, Romero y Aleman, ingresando a la camioneta del damnificado y apropiándose ilegalmente de sus pertenencias. Esa situación resultó corroborada mediante los allanamientos y requisas ordenados a la habitación del hotel donde se alojaban y el automóvil en que se conducían”, señaló Pregno en la sentencia. Cabe recordar que todos ellos fueron detenidos en la habitación de un hotel céntrico.
El juez le impuso a Peralta y Romero, además, el cumplimiento de reglas de conducta por dos años (fijar domicilio y no modificarlo sin previo conocimiento de la fiscalía y el Juzgado de Ejecución; y restricción de acercamiento y comunicación para con la víctima) y ordenó el decomiso del Toyota Corolla –que fue secuestrado– a favor del Estado provincial.