- En La Pampa 350 mil habitantes viviendo en 80 localidades, lo que nos da un promedio de 4.375 hab. por localidad.
- Hay 66 pueblos pampeanos con menos de 3500 habitantes.
Desde el Partido Socialista de La Pampa saludamos la decisión del Gobernador Zillioto de promover la discusión de una modificación parcial del régimen de coparticipación provincial.
La actual modificación ingresada a la legislatura tiene como objetivo dar mayor importancia (y compensarlos con más coparticipación) a los municipios que hacen un mayor esfuerzo de recaudación tributaria y, por otro lado, otorgar menor incidencia a quienes tienen menor eficiencia en el cobro de tasas municipales u otros recursos como contribuciones o guías.
Dar claridad con esta reforma ayuda a terminar con algunas trampas y pone a todos los municipios a realizar mayores esfuerzos recaudatorios que servirán para mejorar la calidad de los servicios y prestaciones municipales.
Creemos que, abierto el debate de la ley de coparticipación, es una oportunidad para sugerir otras modificaciones que tengan como objetivo político estimular las políticas sociales inclusivas.
Primero hay que saber que tenemos en La Pampa 350 mil habitantes viviendo en 80 localidades, lo que nos da un promedio de 4.375 hab. por localidad. Pero en realidad hay 66 pueblos pampeanos con menos de 3500 habitantes y que en los últimos 12 años (última reforma de la ley) han crecido un 30% de su participación entre los recursos coparticipables, mientras que las ciudades intermedias y grandes han perdido 10%. Sin embargo esta última reforma no impacto en retener población (sino por el contrario la mayoría no acompaño el crecimiento demográfico provincial) y se desconoce si mejoró la calidad de vida de sus habitantes. Cuestiones que podremos constatar en el próximo censo de población.
Por ahora la mayoría del dinero que se envía a los municipios es a través de algunos criterios que no requieren ninguna acción por parte de intendentes y presidentes de comisiones de fomento (liquidación del impuesto inmobiliario y patentes, por partes iguales, y por cantidad de población).
Creemos que sería virtuoso incorporar un criterio que premie a los municipios que con sus recursos atienden políticas sociales que corresponden originariamente al Estado provincial. Por insuficiencia de éste, algunas localidades destinan cuantioso recursos a: atención de la tercera edad, unidades locales de niñez, dirección de juventud, aéreas de violencia de género, aportes a personas que se trasladan por motivos de salud, construcción de viviendas municipales, etc.
Se podría instrumentar reduciendo la influencia de dos criterios de los llamados “devolutivos” (Patentes e inmobiliarios que representan el 35% del índice) e incluir el nuevo criterio que serviría para “premiar” con mayores asignaciones de dinero la inversión social de los gobiernos locales generando un círculo virtuoso en materia de prestaciones.
En los extremos se ve claramente la diferencia: Un municipio destina su presupuesto en Casa de abuelos atendido con empleados municipales y afrontando con sus recursos lo gastos de funcionamiento, también paga equipos técnicos de niñez, un área de género con profesionales, cuenta con minibús para llevar estudiantes a centros universitarios y cuenta con alquileres de viviendas para ellos, financia taxis en los que se trasladan personas que hacen tratamiento en hospitales de alta complejidad, etc. Por otro lado, otro municipio, se desentiende de estas políticas y se limita a los temas inherentes a los servicios municipales.
Según la actual configuración de la ley de coparticipación los dos recibirán lo mismo. No hay un estímulo para avanzar en una sociedad más igualitaria e inclusiva y donde todos los estamentos garanticen derechos a los ciudadanos.
La ley de coparticipación es un instrumento que nos posibilita achicar brechas de desigualdad que existen en diferentes localidades de nuestra provincia. Se debe replicar el espíritu de la Constitución Nacional, que cuando manda a confeccionar una ley de coparticipación de recursos, dice que debe ella debe ser “equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio…”
