En 2015, la dueña había hecho desalojar a una joven madre con dos hijos que la había ocupado (foto). Ahora se la sacaron porque hace cinco años que no la habita y tiene otra casa.
El Instituto de Vivienda (IPAV) tomó posesión de una vivienda social en el barrio Mandela, de la localidad de Santa Rosa, que está deshabitada desde hace cinco años. La adjudicataria tiene otra casa en el barrio Aeropuerto y en 2015 había logrado el desalojo judicial de una madre con dos hijos que la había ocupado.
La casa está ubicada en la calle María del Carmen Campos. La primera denuncia sobre la irregularidad consta desde 2014 en el IPAV: allí se indicaba que la dueña -una docente actualmente jubilada- ya tenía otra vivienda.
Pero nunca pasó nada. Y así en julio de 2015 fue ocupada por Marianela Becerra, una joven que no tenía lugar para vivir e ingresó allí con sus hijos de 9 meses y 2 años.
En ese momento, la adjudicataria hizo la denuncia penal. A Becerra le dieron cinco días de plazo para desalojarla y la trataron como una delincuente: la fueron a buscar ocho policías con dos patrulleros para trasladarla al Centro Judicial a que se notifique. Ella había tomado la casa unos días antes, después que tuviera que dejar el lugar donde vivía en la calle General Acha y sin tener dinero para alquilar.
Los propios vecinos habían intercedido ante la Policía y confirmaron que la casa no estaba habitada desde hacía al menos un año.
El 30 de julio de ese año hubo una audiencia judicial, donde el entonces fiscal subrogante Fernando Fassina hizo gala de un discurso de mano dura: dijo que Becerra había entrado a la vivienda aprovechando que la dueña había viajado, que ésta era una víctima de un “despojo” y le “aconsejó” que “espíe la casa de cualquiera de nosotros para meterse cuando la dejemos vacía”.
La jueza Florencia Maza dijo que no se había corroborado que la casa estuviese desocupada, que no se justificaba la ocupación de Becerra y le imputó una actitud “hostil” por rechazar una ayuda del municipio: le habían ofrecido apenas 800 pesos por tres meses para ayudarle con un alquiler. Así, autorizó a Fassina a ordenar la expulsión con la Policía.
Finalmente Becerra dejó la vivienda al día siguiente, cuando llegó una ayuda desde el Ministerio de Desarrollo Social de 2.500 pesos para alquilar una casa más 1.200 por cada hijo en forma de subsidio.
Ahora, el IPAV no hizo más que confirmar todas las sospechas sobre el abandono de la vivienda y le dio la razón a los vecinos (y a Becerra) que habían denunciado que nadie la ocupaba.
Foto y Fuente: ElDiario
