El Superior Tribunal de Justicia y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) firmaron un convenio de colaboración y asistencia técnica para poner en funcionamiento una Oficina de Gestión Judicial en la Primera Circunscripción Judicial, que centralizaría la actividad administrativa de los cinco juzgados civiles y comerciales que funcionan en Santa Rosa.
El acuerdo fue rubricado por el presidente del STJ, Fabricio Luis Losi, y el director ejecutivo del CEPA, el chileno Jaime Arellano Quintana, aunque al acto protocolar asistió en su nombre el director de estudios del organismo, el español Marco Fandiño Castro. De él participaron, además, los otros ministros del Superior Tribunal, José Roberto Sappa, Eduardo Fernández Mendía, Hugo Oscar Díaz y Elena Victoria Fresco.
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas es un organismo internacional y sus miembros son todos los países integrantes activos de la Organización de Estados Americanos (OEA). Su función es apoyar los procesos de reformas judiciales en la región, a través de capacitaciones, estudios e investigaciones.
En este caso, el convenio prevé, como paso previo a la implementación de la Oficina de Gestión Judicial, una prueba piloto que incluirá un diagnóstico preliminar, un análisis de las necesidades propias de la Justicia pampeana y un diseño de los caminos a seguir para llegar a ese objetivo.
El proyecto, con esa metodología de prueba piloto, será financiado a través del programa “Mejorando el Acceso a la Justicia Civil en América Latina”, que el CEJA ejecuta para el Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo del gobierno canadiense.
De esta forma, se apunta a consolidar las estructuras administrativas de apoyo a la oralidad civil, tal y como ya existen en Neuquén, Formosa y Mendoza. Por eso estas Oficinas Judiciales son vitales para el mejoramiento de los procesos de reforma judicial en el fuero civil, como ya quedó demostrado con las que funcionan en el ámbito penal.
Innovación.
La Oficina de Gestión Judicial de Santa Rosa, en caso de ponerse en práctica, incorporaría todos los hallazgos obtenidos en los procesos de reforma judicial, tales como la división de funciones jurisdiccionales y administrativas y la generación de unidades especializadas en la gestión de audiencias orales.
Una peculiaridad del proyecto es que, además de las reformas tradicionales en materia de gestión judicial, promueve el desarrollo de paradigmas innovadores, como por ejemplos, el perfeccionamiento de diversas herramientas para la gestión de casos –donde jueces y secretarios trabajan colaborativamente con las partes en base a la complejidad del conflicto–, y la implementación de algunos aspectos del modelo de Justicia Multipuertas, para incorporar la evaluación de los conflictos al momento de la admisión de las causas y mejorar sus tratamientos.
Oportunamente, a través de un acuerdo firmado el 13 de marzo, el STJ le había encomendado a Sappa –en carácter de ministro coordinador–, Fernández Mendía y a la jueza civil Fabiana Berardi, analizar la factibilidad de implementar Oficinas de Gestión Judicial, para los fueros civil y comercial, en la Primera Circunscripción.
De hecho, en el ámbito civil ya se han venido poniendo en marcha –en los últimos tiempos– distintas iniciativas tendientes a modernizar y darle más eficiencia a los procesos, como el sistema de gestión de comunicaciones electrónicas, la consulta de expedientes por medio de la web y la implementación del Sistema Informático de Gestión de Expedientes (SIGE), entre otras.