Siguen investigando a la médica por “fraude” tanto al Estado como a la familia damnificada. Aclararon que no pertenece a Salud Pública.
Por pedido del fiscal general Armando Agüero, tras la denuncia de una familia piquense contra una profesional de la medicina, personal policial realizó en la jornada de hoy procedimientos en el hospital “Gobernador Centeno”, el Centro de Salud “Salvador Abudara” y un geriátrico de la localidad. Según precisaron fuentes judiciales, los resultados habrían sido “positivos”, recogiéndose elementos de prueba para la causa.
Según consta en la denuncia, la víctima estuvo alojada en un lugar de cuidado para personas mayores y cuando fue retirado por su familia la sospechosa se quedó con la tarjeta con la que habitualmente conseguía sus medicamentos. Pese a que ya no estaba bajo su tutela, la profesional de todas formas habría retirado los remedios en las dependencias públicas antes mencionadas, situación que fue advertida por el hijo del damnificado cuando fue a retirar la medicación y le dijeron que ya se la habían llevado.
Con respecto al paciente, el doctor Agüero investiga a la doctora por el inciso 15 del artículo 173 del Código Penal Argentino, el cual castiga con prisión de 1 mes a 6 años a “el que defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, cuando la misma hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño, o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una operación automática”
Por otro lado, como también se ve perjudicado el Estado también la investiga por el artículo 174 del CP, que en su inciso 5° pena con 2 años a 6 de prisión a “el que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública”.
Fuentes de Salud Publica consideraron importante remarcar que la sospechada no se desempeña en el ámbito de la Salud Pública Provincial, sino en el sector privado.