El juez ordenó que el atacante sea examinado en Salud Mental
El juez de control santarroseño, José Matías Chapalcaz, tuvo por formalizada hoy la investigación fiscal preparatoria contra el hombre de 26 años que ayer ingresó al Centro Judicial de Santa Rosa con un arma tumbera, pero a su vez dispuso –más allá de la cuestión penal– que un profesional del hospital Lucio Molas lo examine ya que existen dudas sobre su estado de salud mental.
El pedido de formalización fue realizado por la fiscala María Cecilia Molinari, quien en principio le imputó el delito de portación de arma de guerra y amenazas con arma, en concurso real entre sí.
Chapalcaz le dio curso al pedido del Ministerio Público Fiscal, pero paralelamente resolvió que un profesional del área de Salud Mental del Molas “evalúe si es peligroso para sí o para terceras personas en estos momentos, y si necesita o no internación” debido a que “existen algunas dudas” acerca del estado de salud mental del imputado. “De necesitar internación, el órgano del hospital deberá comunicarlo inmediatamente al juez competente”, indicó el magistrado en la audiencia de formalización.
Esa medida fue adoptada por Chapalcaz, más allá del informe que la fiscalía recibiera por fax –y se conociera en la audiencia– luego de que el agresor ya fuera examinado en dicho nosocomio.
Molinari le adjudicó al imputado el siguiente hecho: haberse presentado “alterado”, ayer a las 11, en la mesa de entrada de la antigua Cámara en lo Criminal 1, “pidiendo ver al juez (de ejecución, Martín) Saravia y el personal, advirtiendo que no se calmaba y tenía un caño en su poder, llamó a la guardia policial”.
“Ante los policías, (el hombre) percutó un arma de fabricación casera tipo tumbera sin que saliese el disparo, siendo detenido y secuestrándosele el arma”, agrega la acusación inicial.
La fiscala detalló que el arma era de las llamadas tumberas y con una bala 9 milímetros en su interior. Pidió que el imputado quede con prisión preventiva hasta la finalización del proceso por entender que podría fugarse y obstaculizar la investigación.
El defensor oficial Juan José Hermúa se opuso a la preventiva y solicitó una medida sustitutiva –arresto domiciliario con pulsera electrónica–, que sea examinado por un profesional de la salud y que se notifique al defensor general Eduardo Aguirre en caso de que necesite ser internado.
Chapalcaz, al resolver, ordenó la prisión preventiva hasta el 20 de marzo, hizo lugar a la eventual notificación al defensor general y dispuso que, de no ser necesaria la internación, sea trasladado a un lugar de detención. También que frente a ésta última alternativa, Salud Mental indique si necesitaría algún tipo de tratamiento.