El Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) suscribieron un convenio de colaboración institucional con el objetivo de reforzar la transparencia, el acceso a la información pública y los mecanismos de control sobre las asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y fundaciones que perciben fondos del Estado.
El acuerdo fue firmado por el ministro Pascual Fernández y la fiscal adjunta de la FIA, Gabriela Tabernero, en su rol de órgano garante de la Ley de Acceso a la Información Pública. Del acto también participaron el subsecretario de Gobierno y Registros Públicos, Pablo Boleas, y el secretario privado de la Fiscalía, Héctor Manuel Tedín.
La iniciativa establece una cooperación directa entre la Fiscalía y la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio. Esta coordinación permitirá a los organismos verificar antecedentes registrales y consultar la documentación que las entidades presentan, contrastando la información declarada voluntariamente ante la FIA con los registros oficiales.
Según la primera cláusula del documento, ambas partes se comprometieron a impulsar “acciones de complementación, cooperación y colaboración institucional” para facilitar el ejercicio de sus respectivas competencias en materia de fiscalización y transparencia. El mecanismo se aplicará a las personas jurídicas privadas contempladas en el artículo 5° de la Ley Provincial 3571.
Además de las tareas de fiscalización, el convenio prevé una instancia de acompañamiento e instrucción para las entidades civiles sin fines de lucro. El propósito es brindarles herramientas y asistencia técnica para que puedan cumplir con las obligaciones que establece la normativa de acceso a la información pública y mantener actualizada su documentación legal.
En este marco, la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas aportará la información sobre las presentaciones anuales obligatorias y otros requisitos legales. De esta manera, se busca mejorar el cumplimiento normativo y reforzar la transparencia en la administración de los recursos públicos destinados a estas organizaciones.
