La jueza de control María Jimena Cardoso condenó hoy a un hombre de 28 años, por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra la persona con la cual mantuvo o mantiene una relación de pareja; a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional.
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Además le impuso al imputado las siguientes reglas de conducta por el término de dos años: fijar domicilio, y en caso de modificarlo avisar previamente al juez de ejecución o fiscal; abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; prohibición de acercamiento a no menos de 200 metros del domicilio de la víctima- su ex pareja de madre de un hijo de dos años en común- y/o de los lugares que habitualmente concurra. Asimismo prohibición absoluta de comunicación y contacto con la mujer; y someterse a un tratamiento psicológico previo informe que acredite su necesidad y eficacia.
El fallo fue dictado en el marco de un acuerdo de juicio abreviado solicitado por el fiscal Luciano Rebechi, el defensor oficial Walter Vaccaro y el imputado quien admitió su culpabilidad. La damnificada, al ser consultada sobre los alcances del acuerdo prestó su conformidad.
La jueza Cardoso dio por probado que el 5 de junio de este año, en momento en que su ex pareja se encontraba transitando por la vía pública, el imputado la insultó y en el momento en que la nombrada se dio vuelta, le aplicó un golpe de puño en el rostro, más precisamente en el ojo izquierdo. Como consecuencia de las agresiones físicas sufridas conforme surge del certificado médico, la mujer presentó lesiones de carácter leves.
Cardoso agregó en su sentencia que “ninguna duda cabe que la violencia de género es una de las problemáticas más comunes en las relaciones interpersonales y es un flagelo en la sociedad por lo cual se deben promover acciones tendientes a erradicar todo tipo de violencia manifiesta contra el género femenino. Así también lo entendió nuestro Superior Tribunal de Justicia al disponer la introducción de la perspectiva de género en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia, atento al compromiso asumido por el Estado Argentino a través de la integración de los tratados sobre derechos humanos a la Constitución Nacional producto de la reforma de 1994.”