Transporte de Granos: El dinero que pierde el Estado por el uso del tren y el no respeto de las tarifas

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5 Octubre, 2018 a las 22:28 hs.

La problemática no solo golpea a las 200 familias que viven del transporte de cargas, sino también al Municipio, Provincia y Nación.



Como han manifestado los transportistas que llevan adelante un reclamo para que la multinacional Cargill cumpla con un “acuerdo de palabra” para otorgar “viajes largos” en época de “baja”, además de que respete las tarifas acordadas y homologadas, esto no solo afecta a quienes trabajan directa e indirectamente en el sector, también golpea al Estado.

Por ejemplo, la decisión de trasladar los granos a puerto por medio del ferrocarril en lugar de los camiones impide a la Municipalidad de General Pico de percibir ingresos por guías cerealeras. En promedio, ya que dependen del tipo de carga y las toneladas, por cada equipo (camión más acoplado) se paga unos 1.300 pesos, mientras que el tren no abona nada.

Por otro lado está el tema tarifario. Tomando como referencia los viajes a la zona portuaria de Rosario, unos 500 kilómetros en promedio, la tarifa que se debería pagar por tonelada es de 1.131,16 pesos. Teniendo en cuenta que los camiones cargan unas 29 toneladas, que pueden variar hacia arriba o debajo de acuerdo a la tara del equipo, el viaje tendría un costo de 32.803,64 pesos, más IVA (39.692,40 pesos). Teniendo en cuenta esa referencia, la Provincia percibiría por ese viaje 984,10 pesos en concepto de Ingresos Brutos y la Nación 6.888,76 pesos de IVA.

En la actualidad los pocos viajes de larga que se ofrecen son abonados a un promedio de 730 pesos la tonelada (equivalente a viajes de 249 kilómetros), lo que da un valor de 21.170 más IVA (25.615,70 pesos). Así los Ingresos Brutos son de 635,10 pesos (349 pesos menos de lo que debería ser) y 4.445,70 de IVA (2.443,06 pesos menos).

Si bien no parece viable que el Estado pueda decirle a las empresas por qué medio transportar sus granos, si resulta llamativo que no intervenga al menos para hacer cumplir con las tarifas que están acordadas por las partes ante organismos gubernamentales, homologadas y sustentadas por ley.