El diputado provincial por el PJ, Jorge Lezcano se refirió de esta manera a la convocatoria que hizo el radicalismo en apoyo a la intendendente del municipio de Realicó, Roxana Lercari, quien el jueves 27 de febrero será formalizada por una causa penal iniciada por el gobierno provincial.
Respecto a esto, el diputado Lezcano señaló que “Lercari habla de una disculpa por haber cometido una irregularidad que corresponde a su cargo, esto en cualquier escenario es un disparate porque no existe justificación posible por incumplir una norma que debía conocer. El gobernador, al tomar conocimiento formal de la irregularidad administrativa, dio vista del expediente a Fiscalía porque es lo que corresponde a su función”, puntualizó.
De este mismo modo, señaló, que “Lercari también incumplió con la Ley al no pasar su aumento de sueldo por la esfera Concejo Deliberante, y es evidente que la cúpula de su partido está intentando mezclar los temas para minimizar sus irresponsabilidades ante la comuna”, sostuvo.
Más adelante en su declaración, el legislador pampeano se preguntó: ¿No es curioso que el caso de Realicó sea el reclamo visible, cuando tantos intendentes opositores al Gobierno provincial han contado con fondos nacionales sin ningún inconveniente? Además, varios de ellos han agradecido públicamente la celeridad y el diálogo con el gobernador Verna. Con la actitud que comunicaron los funcionarios radicales están llevando adelante la partidización de un tema que, visiblemente, debe tratarse en la esfera judicial. Para la Ley, el pedido de perdón no alcanza”, indicó.
Finalmente, Lezcano aseveró que “ver la actitud de diputados e intendentes radicales acompañando a la titular del Ejecutivo de Realicó ante la Justicia en movilización de protesta es, cuando menos, un acto de patoterismo institucional. Parece que los legisladores radicales que se suman a esto se olvidan de su investidura y de su rol, siendo quienes votan en la Cámara la designación de los jueces que hoy pretenden presionar con una marcha corporativa. En este contexto se podría leer hasta una conducta extorsiva de su parte, ya que son responsables de la designación de las autoridades a quienes irán a reclamar”, remarcó.