El juicio continuará el próximo miércoles a las 8.30 con otros 15 testigos.
El ex gobernador Oscar Mario Jorge y otros 12 testigos declararon hoy, en la Audiencia de Juicio de Santa Rosa, en el marco del juicio oral y público que se le sigue a 14 ex policías por el delito de sedición porque –de acuerdo a la acusación final– el 11 de diciembre de 2013 tomaron en forma “violenta y hostil” la Jefatura, el Centro de Control, Operación y Monitoreo Policial (Cecom) y la Dirección de Comunicaciones.
El objetivo era “arrancarle al Poder Ejecutivo Provincial” una serie de medidas que ya habían dejado asentadas en un petitorio, según indicara el fiscal general Guillermo Sancho en su alegato de apertura.
El tribunal que está a cargo del proceso lo conforman los jueces Carlos Besi, Gastón Boulenaz y Gabriel Tedín.
Los imputados son Fernando Alberto Rolhaiser, Diego Hernán López, Guillermo Julián Giménez, Daniel Narciso López, Carlos Daniel Gatica, Luis Horacio Bruno, Carlos Aníbal Mendibe, José Luis Furriol, Marcelo Ormaldo Cisneros, Jeremías Martín Salvatierra, Luis Rodrigo Wiggenhauser, Roberto Germán Mora Bartolomé, Pablo Orlando Montes y Silvio Norberto Rojas.
Montes y Salvatierra fueron declarados en rebeldía y se ordenaron sus detenciones, ya que no se presentaron a las audiencias. Rojas recién lo hizo hoy, en el tercer día del juicio, tal cual había adelante Boris Vlasich, su abogado particular; aunque no quiso declarar. El y Montes están acusados, además, de los delitos de daño y coacción.
Hoy no concurrieron tres testigos. Susana Rosane, una policía que estuvo imputada en la causa y que fue mencionada como intermediaria entre las partes durante la revuelta. Ella presentó un certificado médico sin fecha de finalización y, tanto el Ministerio Público Fiscal como las defensas, señalaron que su testimonio es relevante. Los otros ausentes fueron el ex presidente de Vialidad Provincial, Horacio Giai, y el comisario Enrique Calderón.
Ex gobernador
Jorge hizo un racconto de las horas previas y enmarcó el conflicto en un contexto nacional al recordar que en esa época hubo acuartelamientos en 21 provincias y ocurrieron junto a saqueos e intentos de saqueos.
Indicó que ya el lunes 9 había “algunos síntomas” de lo que ocurriría pues “se hablaba” del tema. “Había temor en la gente, por eso al otro día, en una conferencia de prensa, expliqué los beneficios que tenía la policía e hice un llamamiento al diálogo y a la paz social”, señaló.
Indicó que la noche del 10 hubo un intento de saqueo al supermercado La Anónima, en Stieben y Pilcomayo, y que al otro día, alrededor de las 21, recibieron un petitorio de doce puntos por parte de los manifestantes. Explicó que el gobierno no dio una respuesta inmediata “porque era de práctica ver primero el texto” y que a continuación la Jefatura fue tomada.
“Nos preocupaba cubrir la seguridad de la gente atento a lo que ocurría en otras provincias –manifestó el ex gobernador–. Por eso, por prevención, llamamos al gobierno nacional y pedimos el apoyo de Gendarmería y Prefectura. Hablamos a las seis de la mañana y al mediodía llegaron unos 600 efectivos. Ellos coordinaron sus acciones con el Ministerio de Gobierno. El único objetivo era cubrir la seguridad de la ciudad. Nada más que eso. No podíamos pedirle a la fuerza nacional que vaya a pelearse con una fuerza provincial”.
Al referirse al fin del conflicto, señaló que “dimos un aumento salarial importante, se resolvieron atrasos burocráticos en los pagos de los adicionales y tomamos el compromiso de no iniciar ninguna acción administrativa contra los policías, más allá de lo que hiciera la Justicia. En27 horas que duró todo esto se solucionó el problema”.
– ¿Tomó libremente la decisión de otorgarles un aumento salarial? ¿Tuvo tranquilidad absoluta para pensar?, preguntó la fiscalía.
– A la atura de firmar el decreto, sí. Fue una situación difícil porque no creíamos que esto iba a suceder en La Pampa. Y se decidió dar el aumento para no tener más conflictos.
– Usted dio conferencias de prensa en las horas posteriores. En una de ellas habló de extorsión.
– Sentíamos una extorsión en el sentido de que había policías autoacuartelados y teníamos temor acerca de lo que podía pasar con la gente frente a eventuales saqueos y robos. Fue una situación particular, una especie de extorsión al poder político. Recordemos que hubo comerciantes que llegaron a pensar en armarse para defender sus negocios. Por eso tomamos decisiones en función de evitarle problemas a la gente ante la falta parcial de seguridad en la ciudad.
– ¿Sabe si funcionó la línea de emergencia 101?
– No, no funcionó. Yo creo haber llamado al 101 y no me atendieron.
– Usted habló de condicionamientos. ¿Eso le hizo tomar decisiones que no hubiera tomado en otro momento?, quiso saber el defensor oficial Martín García Ongaro.
– Me condicionó la falta de seguridad de la gente. Aun habiendo estabilizado la seguridad con la presencia de la Gendarmería, ello duraría poco tiempo. ¿Qué hubiera pasado si no hacíamos la propuesta salarial…? Buscamos solucionar rápidamente el conflicto. Recuerdo que un periodista me preguntó porqué accedí a las peticiones. Lo hicimos en función de la gente.
– ¿Los reclamos tenían legitimidad?
– Todos aspiramos a ganar más, pero hubo otras connotaciones que me confundieron, como pedir que releváramos al jefe y al subjefe, que no se aplicara una ley y que existiera un cupo de viviendas específico para la policía…
Ex funcionario y policías
El entonces director de Coordinación del Ministerio Gobierno, Justicia y Seguridad, Kevin Christensen, dijo que el ingreso a Jefatura fue “tenso y hostil”. “Nos dijeron que solo podíamos entrar tres”.
El participó, junto al ministro Leonardo Villalva y el subsecretario Ricardo Torres, de una reunión con seis personas. A tres las identificó (Mendibe, Bruno y Giménez), del resto indicó que “eran personas de más edad que no conocía”. También expresó que vio “una escopeta apoyada en el piso”.
Diego Fabio Martínez era el subjefe de la fuerza. Había asumido el día 10, horas antes de la protesta. “El sistema de seguridad de la ciudad quedó prácticamente desarticulado porque habían tomado el 101”, expresó. Contó que se buscó trasladar las líneas de emergencia a la Casa de Gobierno, que ello llevó un tiempo de entre ocho y diez horas y que luego operó “con inconvenientes porque no había personal capacitado”. El lo corroboró porque llamó personalmente al servicio de emergencia y no fue atendido.
El testigo indicó que “no se podía distinguir” en las calles qué móviles eran conducidos por policías ‘rebeldes’ y cuáles no, aunque acotó que la mayoría de ellos estuvieron a cargo de la oficialidad.
Temístocles Torreani era el jefe de la Seccional Primera. El 11 a la noche, junto al subjefe y otros oficiales, salió a recorrer su jurisdicción en dos móviles y recién regresó a la comisaría el 12 a la noche, ya que “las paradas las hicimos en la Escuela de Policía”.
– ¿La seguridad fue plena esa noche?
– Estuvo complicado. El personal era mínimo y solo teníamos los dos móviles para toda la jurisdicción.
Dijo que “no quedó nadie a cargo” de la seccional, que no supo qué hicieron Rojas y Montes –que estaban a su mando–, tampoco qué ocurrió con otros patrulleros de la Primera y que esa noche no hubo registros en el libro de entrada. También afirmó que en ese lapso “el 101 no operó”.
Edgardo Darío Paredes había dejado de ser jefe de la Unidad Regional III, con asiento en General Acha, días antes, el 5 de diciembre. El 11 no estaba en La Pampa, aunque llegó al otro día y su participación se limitó a ser el enlace de las fuerzas federales con las autoridades policiales porque conocía al jefe de la delegación de Gendarmería.
Falso testimonio
Ricardo Daniel Andalor era sargento y prestaba funciones en el Superior Tribunal de Justicia. Marchó hasta la Casa de Gobierno y luego a la Jefatura.También fue a la Dirección de Comunicaciones. Dijo que todo fue pacífico y que “no hubo agresiones ni disturbios”.
Andalor contó que ingresó al Cecom –“¿cómo iba a pedir autorización para ingresar si no estaba el jefe?”, le respondió a Sancho– y que, “por decirlo de alguna manera” los operados del sistema fueron relevados. El fiscal le había preguntado si había golpeado la puerta y pedido autorización, luego que Andalor expresara que un policía podía entrar a cualquier lugar.
Afirmó que esa noche los teléfonos se atendieron o ser derivaron a comisarías y patrulleros. “Nadie desconectó los cables de los teléfonos”, aseveró.
Al concluir el testimonio, Sancho le requirió al tribunal que el audio de la declaración se remita al Ministerio Público Fiscal para investigar a Andalor por el delito de falso testimonio.
En ese entonces el jefe del Cecom era Rubén David González. Hoy habló como testigo. Dijo que esa noche se fue a su casa y que, al recibir un llamado del subjefe Francisco Icuza, fue a la oficina, aunque “no pude entrar porque la puerta estaba cerrada”. Por eso se quedó, junto a otros oficiales, a la vuelta de la Jefatura esperando órdenes. Sostuvo que “por comentarios” supo que no se atendió el servicio del 101.
Oscar Félix Garrido contó que, a través de un periodista radial de General Pico, supo que el ministro Villalva –“no lo conocía, fue la primera vez que lo vi”– quería hablar con los manifestantes y él terminó siendo el contacto entre las partes. Sin embargo, luego no participó de la reunión en la Jefatura.
El suboficial de policía estuvo en la marcha. Aseguró que fue “pacífica… parecía un pic nic”. Ante un interrogante de Sancho, respondió que “el 101 funcionó. Levantaban el teléfono, pero del otro lado no habla nadie”.
Marcelo Casas era suboficial principal y se desempeñaba en la Dirección de Comunicaciones. Relató que “oí operar equipos de radio con mi handy desde el autódromo”, que se hizo “un canal alternativo de comunicación” y que las comunicaciones radioeléctricas recién se normalizaron a las nueve de la mañana del 12.
El hecho en Vialidad
Con relación a la carga de combustible en Vialidad Provincial, dos personas que estaban en la estación de servicio, el playero Emanuel Franco López y el vigilador privado Juan Domingo Jacob, señalaron a Montes como el policía que rompió el candado del portón de ingreso y que cargó nafta personalmente en un vehículo oficial.
López dijo que el imputado “estaba muy alterado”. Jacob identificó a Rojas como el chofer, sostuvo que su supervisor le había ordenado cerrar el portón y comentó que Montes simplemente se limitó a manifestar que necesitan el combustible porque “estaban trabajando”. El le advirtió que los vales de combustible estaban fuera de circulación.
Danilo Fernando Giménez, un oficial principal que era el responsable del manejo de los vales, declaró que se había cambiado el sistema de entrega de ellos y dado de baja a todos ellos para evitar que cualquier cargara combustible.
Contó que un policía, al que le negó una carga, le dijo que iban a tomar Vialidad y por eso solicitó refuerzos para custodiar el lugar. A su vez dispuso cerrar el portón.
Luego llegó Montes, al que vio forzar el portón (“no entraba en razones”). El acusado pidió una carga y, ante la negativa, le manifestó al playero “me cargás por las buenas o por las malas”. En ese momento, Giménez intervino, autorizó el expendio y el imputado se cargó directamente él. Además expresó que Montes llevaba el arma reglamentaria. Sancho ofreció como pruebas tres breves videos que se exhibieron en la audiencia.
El juicio continuará el próximo miércoles a las 8.30 con otros 15 testigos.