Lo que sí confirmó es que hay 300 pampeanos que se presentaron para realizar la revocación y solicitarla nuevamente”.
No confirmó el número de suspensiones. “Revocaciones no significa ni da el número exacto de las suspensiones que son superiores a la primera”, dijo Alonso.
“Lo más grave de todo es que se dieron de baja las pensiones, en forma masiva, sin comunicación a la gente”, dijo la ministra de Desarrollo Social en diálogo con Infopico.com. Además señaló que “no hay mucha información al respecto. Solo lo que ha salido en medios nacionales”.
Explicó que al parecer la cuenta que Nación estima para determinar si puede o no ser beneficiado/a es aquella persona que no supera por tres el salario mínimo. No sólo se toma la jubilación de la esposa/o, sino el ingreso del núcleo familiar, llámese hijos/as. “Cruzan datos y determinan si puede o no ser un beneficiado”.
Fue contundente al afirmar que “no se puede tratar administrativamente la cuestión social. No se puede tomar una base de datos, cruzar información y dar de baja las pensiones. No es serio”.
Para cerrar dijo que vamos a seguir insistiendo para obtener más información sobre este tema que afecta a miles de argentinos y que nunca “Nación”, se comunicó con las provincias. “ es muy grave la situación y la manera en cómo se manejó este tema”.
Además, la ministra remarcó el momento especial que atraviesa el país, respecto a la decisión de Nación de quitar este beneficio. “Es lamentable esta situación, lo cierto es que los números los manejan ellos. Hoy estamos tratando de acceder al dato concreto de cantidad de beneficios que tiene La Pampa, la cantidad de suspensiones y de revocaciones a esas suspensiones. El dato que puedo aportar es que se han hecho ya 300 revocaciones, o sea que tenemos más suspensiones que ese número. Hoy me prometieron dar los datos preciso que tiene Nación, no es un dato que manejemos desde la Provincia. Salió un dato en los medios nacionales donde decía que La Pampa tiene el 2 % de la cantidad de beneficios que están otorgados por invalidez en toda la Nación. Pero esos números reales los estamos esperando de Nación”, explicó.
En tanto, Alonso reconoció que desde el Ministerio de Desarrollo Social de Nación no hubo comunicación con la Provincia tras la medida de suspender los beneficios. “Hubo comunicación por parte nuestra, nosotros hemos llamado. Cuando empezamos a detectar este tipo de suspensiones mensuales de los beneficios, automáticamente recae el planteo en algún ámbito del Gobierno provincial o local, entonces son los intendentes o somos nosotros lo que estamos atendiendo directamente al beneficiario que deja de cobrar. Entonces, hemos llamando a Nación, paralelo me han estado llamando ministros de otras provincias, fundamentalmente de la Patagonia, que han sufrido las mismas consecuencias que nosotros”, destacó.
También calificó el manejo de la situación como “un gravísimo error” por parte de Nación. “Un error gravísimo de manejar una cuestión social como administrativa. O sea, lo que considero es que si ellos pretendían revisar el otorgamiento de un beneficio social oportunamente dado en el marco de una ley vigente, en el marco de un programa que maneja el Gobierno nacional, esa revisión debe ser dada uno a uno y en territorio, no en un ámbito administrativo donde se generaliza y no se contemplan las situaciones. La cuestión social nunca es administrativa, son personas las que están detrás, entonces eso es gravísimo. Obviamente que rechazamos el manejo de esto. Si ellos pretenden revisar el otorgamiento del beneficio lo pueden hacer y hasta pudieron haber contado con nuestro acompañamiento en el territorio, que somos los que estamos día a día en contacto con la gente y sabemos cuáles son las posibilidades de esta gente de seguir teniendo el beneficio”, puntualizó.
Por último, la ministra de Desarrollo Social destacó que se está analizando presentar alguna medida judicial, siempre y cuando no haya un manejo correcto de las suspensiones de los beneficios desde la perspectiva del derecho.
