Consideraron que este tipo de resoluciones son una tendencia nacional, por lo que irán contra los funcionarios con una campaña de escrache.
En los últimos días se conoció el pedido de la fiscal Ana Laura Ruffini para que se dictamine el sobreseimiento del ex director de Cultura de General Pico, Daniel Guembe, quien fuera denunciado por violencia de género en varias oportunidades por su ex esposa, Noemí Pellanda. La última de las presentaciones fue realizada en abril del año pasado, cuando el docente debió renunciar en medio de un escándalo a su cargo como funcionario.
El pedido de la investigadora generó diversas repercusiones. Una de ellas fue la del Movimiento Feminista Guapabanda, que emitió en las últimas horas un comunicado denominado “La grieta en el Poder Judicial Piquense”, donde se refiere a esta situación y lo que se está dando a nivel nacional.
“Hasta hace poco tiempo, hubo una auspiciosa apertura en el poder judicial de Pico que actuó desde la ‘perspectiva de género’ en distintos casos de violación de los derechos de las mujeres. Pero ‘el caso Guembe’ y su sobreseimiento, pone en evidencia el cierre abrupto de tal apertura. Era casi esperable, por desgracia, en un poder corporativo y sometido al poder político de turno”, evaluaron.
Indicaron que esto es una consecuencia de lo que se da en el contexto nacional, donde “en poco más de un año, en Argentina, se han desmantelado las áreas destinadas a los derechos de las mujeres en el Estado. Tampoco se aprobó un presupuesto para políticas de género y lo peor, ha recrudecido desde funcionarios del gobierno la ideología de desvalorización, desprecio y odio hacia las mayorías populares entre las que estamos las mujeres. Esa ideología es la que potencia los femicidios y no, como pretenden hacernos creer los medios de prensa afines al gobierno, la multiplicación de denuncias sobre la violencia machista”.
“La ‘benevolencia’ en las penas y medidas que se toman hacia los violentos (caso Sonia Alvarado) los anima a seguir matando al amparo de la impunidad judicial. Después del femicidio de Micaela, en el Movimiento Nacional de Mujeres se abrió un debate intenso sobre la necesidad de penalizar con dureza estos casos, hasta llegar a pedir pena de muerte. Coincidimos con el colectivo ‘Ni una menos’ que no es la solución, que hay que exigir presupuesto para erradicar el machismo en la sociedad”, afirmaron.
“Como organización de mujeres vamos a sumar miles de compañeras a luchar por nuestros derechos desde el activismo feminista, movilizadas en las calles y ‘desde abajo’. Denunciaremos a todo funcionario que aliente la violencia de género. En conjunto con las diversas corrientes nacionales feministas, haremos cumplir en cada lugar la consigna de: ‘Dónde no hay justicia, que haya escrache”, anticiparon.
