La Fiscalía de General Pico investiga a un odontólogo local por presunta falsificación de documentos y estafa a una obra social por un monto cercano al medio millón de pesos. El profesional, de alrededor de 50 años, habría simulado atenciones a una paciente entre diciembre de 2025 y abril de 2026 para cobrar prestaciones inexistentes.
El origen de la denuncia
Todo comenzó hace dos semanas cuando una mujer de la ciudad se presentó en la Fiscalía. La denunciante había sido atendida en noviembre de 2024 por este odontólogo, pero desde entonces no volvió al consultorio. Sin embargo, su obra social privada comenzó a cobrarle una serie de atenciones de los meses posteriores que ella asegura nunca haber recibido.
Según explicó el fiscal Matías Juan, la paciente advirtió la irregularidad cuando la obra social le hizo llegar las planillas con supuestas firmas suyas. «Ella dice: esta no es mi firma, esta no es mi aclaración de firma, el odontólogo me la falsificó para simular que me atendió todos esos meses en que yo no fui y para cobrarle a la obra social», detalló el fiscal.
«La denunciante la obra social le cobra por cada atención en su momento alrededor de 29.000 pesos, pero como ella denuncia que no es su firma y que nunca se atendió en esos meses con el profesional, le terminan devolviendo el dinero con una nota de crédito»
Allanamiento y secuestro de documentación
La investigación avanzó rápidamente. El miércoles pasado por la mañana, la Brigada de Investigaciones realizó un allanamiento en el consultorio del profesional ubicado en General Pico, ordenado por el juez de Control, doctor Eberpregno. Durante el procedimiento se secuestró documentación de relevancia probatoria que será analizada en el marco de la causa.
El fiscal Juan precisó que la hipótesis de la investigación es que el odontólogo habría falsificado las firmas de la paciente en las planillas de atención y luego las giró a la obra social. De esa manera, habría percibido irregularmente alrededor de 511.000 pesos entre septiembre de 2024 y abril de 2025 por prestaciones que nunca realizó.
Los cargos y la próxima audiencia
El profesional denunciado fue citado para este lunes, cuando se presentará en la Fiscalía para declaración de imputado y audiencia de formalización. Asistirá acompañado de su abogado defensor.
Los delitos investigados incluyen:
- Falsificación de documento privado
- Uso de documento privado falso
- Estafa a la obra social
Respecto a este último cargo, Juan aclaró que «la estafa es un delito de acción pública que se puede incluso con pruebas necesarias y suficientes iniciar de oficio, que es lo que hicimos nosotros». Si bien la obra social aún no radicó denuncia formal, la Fiscalía avanzó de oficio al contar con elementos probatorios suficientes.
Pericia caligráfica y posibles nuevos casos
El expediente incluirá una pericial caligráfica de las firmas y la letra en las planillas cuestionadas, que permitirá determinar de manera concluyente si hubo falsificación. «Lo cierto y lo importante es que la denunciante dice: yo me atendí en noviembre y el resto de los meses no le vi la cara al odontólogo y no fui a su consultorio», remarcó el fiscal.
Consultado sobre la posibilidad de que existan otros casos similares, Juan señaló que por el momento solo tienen elementos para avanzar con esta denuncia puntual. No obstante, agregó: «Sí, obviamente, si hubiera nuevas denuncias, las vamos a investigar». La Fiscalía analizará si existió un modus operandi extendido a otras obras sociales o pacientes.
La postura de la obra social
La obra social privada involucrada aún no ha presentado denuncia formal, aunque está al tanto de la investigación en curso. Según informó el fiscal, la entidad manifestó su intención de realizar una auditoría interna siguiendo sus propios protocolos. La Fiscalía cuenta con constancias de las transferencias bancarias realizadas al odontólogo por las prestaciones ahora cuestionadas.
En cuanto a la denunciante, la obra social le reintegró lo que le había cobrado mediante una nota de crédito, por lo que en principio no registra perjuicio económico directo. El perjuicio recae sobre la obra social, que habría abonado medio millón de pesos por atenciones inexistentes.
