La Senadora Nacional Norma Durango se refirió al proyecto de Ley de Financiamiento Educativo que impulsa en el Senado de la Nación.
Durango sostuvo que “la Unión Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPa-CTERA) me acercaron la base del proyecto sobre una nueva ley de financiamiento educativo, que fue presentado el año pasado en Diputados con autoría de la entonces Diputada Adriana Puiggrós, en consulta permanente con el equipo de la Secretaría de Educación de CTERA. Como Senadora de la Nación me sumé a darle impulso a la iniciativa dado el papel relevante que tiene la educación en todo proyecto de país, y en conjunto con mis asesores le dimos continuidad a una iniciativa de suma importancia, sobre todo en este momento que se hace necesario definir algunas posturas en relación al rol que el Estado Nacional debe ocupar en materia educativa, siendo protagonista de los cambios y continuidades y no delegando a terceros o desentendiéndose de los procesos sociales como si el mercado por sí mismo encausara el estado de cosas hacia su mejor fin.
Este proyecto de ley, ya es de conocimiento de los ministerios de mi provincia y de otras, se ha socializado con las representaciones gremiales en el Senado esta semana y está en tratamiento en la Comisión de Educación y Cultura del Senado de la cuál soy vicepresidenta. Estamos ocupándonos mucho y responsablemente del tema, intercambiando opiniones con las y los distintos actores. Ya asistimos a las preocupantes medidas que este gobierno ha tomado en relación a los programas que el Ministerio de Educación de la Nación venía llevando adelante, programas que se desmantelan o ponen en duda al reducir sin justificación su personal y sin proponer soluciones superadoras, dando lugar al vaciamiento del Estado en políticas públicas en Educación. Me refiero a programas como Educación y Memoria, Coordinación de Publicaciones, Educación Sexual Integral, Educación y Prevención de Adicciones, Comunidad y Convivencia Escolar, Plan Nacional de Lectura, Educación Intercultural Bilingüe, Educación Artística, Educación en Contextos de Encierro, Educación de Jóvenes y Adultos, y también a medidas de desfinanciamiento de áreas como la Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa (DINIEE), el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y el Instituto Nacional de Formación Docente (INFD), actualmente en conflicto por la continuidad de una amplia porción de su personal” explicó Durango.
Y agregó que “por otro lado, desde Nación, el Ministro ha dejado claro cuáles son los objetivos en relación al financiamiento del sistema educativo: en la Declaración de Purmamarca de febrero de este año se establece el compromiso de “sostener la inversión en Educación establecida en el 6%”, porcentaje propuesto y alcanzado durante el gobierno anterior pero que hoy resulta insuficiente dadas las metas de la ley 26.206 de Educación Nacional. Metas como la ampliación de la cantidad de años de escolaridad obligatoria con la obligatoriedad del secundario y la universalización del Nivel Inicial; mejorar la formación docente permanente y en ejercicio; llegar a que el 30 por ciento de los alumnos de educación básica tenga acceso a escuelas de jornada extendida o completa; jerarquizar la educación técnica, artística, multicultural bilingüe, y en contextos de encierro, entre otras.
A estas metas, la nueva iniciativa suma la obligatoriedad de la sala de 4 en el Nivel Inicial, y a seguir trabajando para bajar la tasa de sobre edad en la escuela primaria y mejorar las tasas de egreso en la secundaria, para crear equipos de orientación escolar y tutorías, para erradicar definitivamente el analfabetismo, para incorporar las nuevas tecnologías y ampliar la conectividad en todas las escuelas, para llevar a un máximo de 25 alumnos cada curso, para una integración plena de alumnos con discapacidades, para la extensión de la segunda lengua, para mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes, para el mejoramiento de infraestructura escolar, entre otras.
Este proyecto propone que la inversión en educación aumente año a año hasta alcanzar el 8 por ciento del PBI para la educación obligatoria y el 2 por ciento del PBI para la educación superior y el desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Para el año 2021 llegaríamos a un total del 10 por ciento del PBI. A su vez, el proyecto plantea cambiar la proporción del esfuerzo del Estado nacional y las jurisdicciones, invirtiendo los porcentajes actuales, ya que hoy las jurisdicciones llevan el mayor peso aportando un 60 por ciento del financiamiento.
En pos de cumplir sostenidamente con las metas que nos fijamos como Estado en el año 2005, y afrontar las nuevas, seguimos creyendo que debemos edificar una verdadera Política de Estado en materia educativa que sea consensuada y sustentable, que exceda las coyunturas y los gobiernos, priorizando la inclusión y la igualdad de oportunidades” finalizó Durango.