“Es una manera de terminar con esos privilegios. Creo que es un mensaje positivo hacia la sociedad”, dijo el senador nacional de la UCR.
Así se refirió el legislador pampeano al argumentar el proyecto presentado, cuyo objetivo es terminar con las inequidades en el pago del Impuesto a las Ganancias. En la actualidad, los funcionarios del Poder Judicial -incluidos los jueces- no están alcanzados por este gravamen, que sí repercute en cambio en trabajadores de todos los sectores, inclusive en aquellos que distan de gozar de un poder adquisitivo alto.
En el año 2000 pagaban este impuesto 462.000 trabajadores, mientras que en el 2015 los alcanzados ya eran 1.085.000, es decir, casi un 135% más.
“Si bien considero valedero el espíritu del Impuesto a las Ganancias que dice que “quien más gana, más paga”, hoy por hoy, al no haber sido actualizado desde hace años, se grava a trabajadores que la pelean mes a mes como si fueran ricos y el objetivo originario ha quedado totalmente desdibujado. Es muy claro, en el año 2000 pagaban este impuesto 462.000 trabajadores, mientras que en el 2015 los alcanzados ya eran 1.085.000, es decir, casi un 135% más. Un impuesto que en su momento gravaba los sueldos de altos mandos en grandes empresas, hoy castiga a empleados en puestos medios e inclusive a pasivos. A este contexto se suma que hay sectores exceptuados de pagar. Estas circunstancias dan como resultado un sabor a injusticia.”
La iniciativa de Marino propone la modificación del artículo 79 del decreto 649/1997 para incluir a jueces y a quienes se desempeñan en la órbita del Poder Judicial en el pago del Impuesto a las Ganancias. La razón por la que los empleados de la justicia no pagan este tributo se fundamenta en el artículo 110 de la Constitución Nacional que dice que “Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones”.
Este tratamiento fiscal diferenciado de los funcionarios judiciales supone una discriminación positiva que los deja en un lugar desigual y por tanto inequitativo respecto del resto de los actores sociales, a los que el Estado grava hasta un 35% del sueldo de un empleado.
Asimismo, el proyecto del Senador por La Pampa persigue no solo alcanzar el monto que los jueces perciban como salario, sino también a cualquier suma que se pague en relación a las funciones desempeñadas. Sucede que distintos artilugios legales han dado cabida a desintegrar ciertas sumas, muchas veces otorgadas como retribuciones especiales, a fin de eludir el pago de impuestos.
“Por supuesto, vale aclarar que partimos de la base que los salarios de los trabajadores no son ganancia y que el verdadero problema a abordar es la actualización de las escalas para que los trabajadores de sueldos módicos dejen de pagarlo. Gratamente, esto ya fue anunciado por funcionarios nacionales e incluso por el mismo Presidente Macri y se daría en los próximos meses. Sin embargo, lo que proponemos no es excluyente de aquello, y con él buscamos dar señales de justicia y de que no habrá privilegios de un sector por sobre otros” finalizó Marino.