La presentación se realizará esta semana y será por los presuntos delitos de “torturas y amenazas” que denunció haber sufrido en la comisaría cuando la detuvieron, junto a su pareja, acusándola de “ocultamiento de menor fugada”. Los padres de la niña violada y asesinada ya habían iniciado una demanda contra el estado por numerosos presuntos deficiencias graves en la investigación por la desaparición de la jovencita.
Si el estado perdiera los dos juicios, sin contar costas ni actualizaciones, el estado provincial debería pagar cerca de cinco millones de pesos a la familia Viale-Ampudia por la impericia de sus agentes tanto policiales como judiciales. La abuela materna de Sofía, Eleonora Ilarregui y su pareja Sergio Rubén Media fueron detenidos en el marco de la investigación que se realizaba para hallar a Sofía Viale.
Se le imputó en una audiencia de formalización el delito de “ocultamiento de menor fugada”. Esa audiencia fue presidida por el juez de Control Diego Ambrogetti y los fiscales que imputaron el hecho fueron Héctor Aberásturi y Alejandro Gilardenghi.
A la pareja se le dictó entonces prisión preventiva y es en esa instancia que la mujer denunció haber sufrido amenazas y golpes para revelar el paradero de la nieta o dónde estaba su cuerpo. En aquel entonces incluso se halló un cabello de la niña que sirvió “como prueba” para imputarles el delito.
Cuando se halló el cuerpo violado, asesinado y enterrado bajo la parrilla de la vivienda de Juan José Janssen, la causa cayó. Sin embargo, pasaron muchos meses para que fueran sobreseídos, en una muestra más de inoperancia.
La semana pasada, el fiscal de Estado, Alejandro Vanini, solicitó a la Cámara de Diputados una nota pidiendo en forma urgente toda la documentación que allí se encuentra sobre el caso “Sofía Viale”. Allí se tramitó juicios políticos donde se acumuló prueba importante, entre ellas la falta de comunicación y coordinación entre la policía y los fiscales.
Es que la provincia ha sido notificada de los plazos procesales de la causa que iniciaron Marcelo Viale y Noemí Ampudia por “falta de prestación del servicio de justicia y por las opiniones públicas de los magistrados judiciales y personal policial interviniente en la investigación ” de la búsqueda de su hija. Tanto los padres de Sofía como la abuela y su pareja están representados legalmente por el abogado Omar Gebruers.
En forma particular fueron demandados el fiscal general Carlos Salinas (que ya enajenó todos sus bienes), el fiscal Héctor Aberásturi y el juez Alfredo Alonso (los tres ya jubilados). El 21 de agosto pasado, en la audiencia preliminar de conciliación que la justicia prevé en todas las causas, no se presentaron ni el estado provincial ni Salinas; mientras que Aberásturi y Alonso no ofrecieron reparación alguna, por lo que los plazos procesales continuaron.