El juez de audiencia de Santa Rosa, Gastón Boulenaz, condenó a un hombre de 43 años, empleado del Servicio Penitenciario Federal, como autor del delito de abuso sexual por sometimiento gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, calificado por la convivencia a la pena de ocho años de prisión, en perjuicio de una menor. Además dispuso que se proceda a su inmediata detención cuando la sentencia quede firme.
El hecho se produjo el año pasado y el magistrado, para llegar a esa conclusión, tuvo en cuenta –entre otras pruebas– el relato de la víctima en Cámara Gesell, ya que lo consideró “espontáneo y sentido, donde exteriorizó la angustia por el hecho sufrido; pero a la vez detallado y preciso, ya que recordó perfectamente de manera negativa el suceso fáctico”.
Sobre él, Boulenaz sostuvo que “ha quedado debidamente probado que el imputado tuvo el conocimiento y la voluntad necesaria para desplegar su conducta para conseguir un fin determinado –abuso sexual– para saciar de ese modo su ánimo /libidinoso, lo que en definitiva, constituyen los elementos necesarios para configurar el dolo directo y específico, requerido para el delito analizado”.
Durante los alegatos del juicio oral y público, la fiscalía había requerido una pena de ocho años; mientras que la defensa oficial, Mariel Annecchini, había planteado la nulidad de la Cámara Gesell –y por ende todos los actos posteriores– y la absolución del acusado, quien negó los hechos.
Con respecto a la nulidad, Boulenaz rechazó el requerimiento indicando que “en el caso de marras, no hay dudas que el planteo nulificatorio fue introducido de una manera hipotética, sin ninguna alusión concreta al derecho o garantía vulnerada; advirtiéndose por el contrario que el imputado, en la cronología detallada de declaración de imputado, audiencia de Cámara Gesell y formalización, estuvo debidamente asistido por el defensor oficial, ejerciendo de manera efectiva y real su defensa técnica en todos los actos procesales aludidos, de manera que no se avisora de qué manera su vulneraron las garantías constitucionales”.