Publicado el 28/02/2019 a las 17:55 horas en la categoría Judiciales

Para la Fiscalía la profesional utilizó sin consentimiento la tarjeta de la obra social de la damnificada.



En la mañana de hoy se llevó a cabo en la Sala Nº 1 de los Tribunales de Pico la audiencia de formalización contra E.O., una reconocida profesional del medio, quien regentea un geriátrico en la ciudad. La médica fue acompañada por el defensor particular Oscar Ortiz Zamora, mientras que el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el doctor Armando Agüero y el procedimiento fue comandado por la jueza de control Jimena Cardozo.

“Se formalizó a la doctora O. por ‘fraude a la administración pública’ en relación al uso de la obra social de la paciente que tuvo durante un periodo de tiempo en su instituto geriátrico, y a su vez por ‘estafa’ en perjuicio de la mujer que ya no era su paciente y sin embargo le utilizó el carnet de la obra social a la cual era afiliada para retirar la medicación, algo que obviamente no le correspondía, generado como consecuencia que a afiliada ya no pueda retirar los medicamentos porque tiene agotada la capacidad que tenía”, explicó el fiscal Agüero.

Indicó que “el ‘fraude a la administración pública’ es un delito con una pena de 2 a 6 años de prisión y la ‘estafa’ de 1 mes a 6 años. Cuando se da esta conjunción de delitos se usa la mínima mayor de la escala penal, 2 años, y la máxima que son 6 años”.

Aclaró que en esta oportunidad “solo se pidió la formalización, ninguna medida que requiera la intervención del juez, porque entendemos que la señora no se va a escapar”.

Por otro lado, contó que previo a la audiencia la imputada “declaró y trajo toda la medicación que tenía en su poder. Dijo que los remedios los estaba retirando a nombre de la señora por las dudas que tuviera una urgencia o emergencia y en algún momento tuviera que volver al geriátrico, entonces ella ya disponía de la medicación para atenderla. Ella sostuvo que como padece una enfermedad psiquiátrica era probable que en algún momento la señora volviera, entonces ella guardaba la medicación”.

Ante la pregunta de la posibilidad de que reciba algún beneficio o salida alternativa que evite que vaya a juicio, el investigador aclaró que “ella no es funcionaria pública, aunque es una cuestión que tenemos que verificar, al igual que el tema de los antecedentes, por lo que es muy pronto para hablar de salidas alternativas al proceso. Por ahora le tomamos declaración y la formalizamos. En los próximos días vamos a tener que acreditar exactamente cuál es su situación, requeriremos informes al hospital y la obra social para pedir las recetas médicas y los troqueles de la medicación, para comprar si lo que se entregó son los remedios que se retiraron o si fueron sustituidos, hay varias cosas para hacer todavía”.

Además, “la víctima es una señora mayor, con problemas de salud, por lo que vamos a ordenar que sea visitada por el médico forense para saber si ella puede declarar con respecto al tiempo de internación en el geriátrico, cuando salió de ahí y demás”.

Por último aclaró que “al devolver la medicación, si esta es la que fue retirada y se demuestra que es apta para el consumo, en principio no hay perjuicio, lo que no significa que no haya delito. Uno puede reparar el perjuicio generado por un hecho delictivo que cometió, pero eso no significa que el delito desaparece”.

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