La Cámara de Apelaciones de General Pico revocó un fallo previo y sancionó económicamente a un padre por publicar capturas de WhatsApp donde adolescentes discriminaban a su hija. Los jueces consideraron que, aunque su reacción fue por proteger a una menor vulnerable, violó el derecho a la intimidad.
Un polémico caso que enfrenta el dolor de un padre frente al acoso hacia su hija y los límites legales de los “escraches” en redes sociales acaba de ser resuelto por la Justicia pampeana. La Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Pico condenó a un hombre a pagar una indemnización de 1.000.000 de pesos tras haber expuesto públicamente a un compañero de colegio de su hija.
El conflicto se originó cuando un grupo de adolescentes de un colegio secundario armó un grupo privado de WhatsApp. En esos chats, los menores vertieron comentarios burlones y discriminatorios contra una de sus compañeras, una adolescente que tiene Síndrome de Down. El padre de la niña, al tomar conocimiento de la situación y acceder a las capturas de pantalla de la conversación, decidió reaccionar exponiendo a los responsables.
A través de Instagram y en sus estados de WhatsApp, el hombre publicó los chats con un contundente mensaje: “Si son tan vivos para burlarse de mi hija, entonces son vivos para que publique todas las capturas”. Horas más tarde, advirtiendo su error, borró las publicaciones. Sin embargo, la madre de uno de los adolescentes involucrados decidió llevarlo a la Justicia, reclamando cerca de 8 millones de pesos por daños psicológicos y violación a la intimidad de su hijo.
En un primer momento, la jueza de primera instancia rechazó la demanda, justificando que la reacción del padre no lucía desproporcionada ante el tenor de la conversación, el elevado grado de vulnerabilidad de su hija y la imposibilidad de la niña de defenderse por sí misma de las burlas.
Pero la historia dio un giro en la Cámara de Apelaciones. Los jueces Roberto M. Ibáñez y Mariano C. Martín revocaron aquel fallo. En su argumentación, explicaron que si bien es humanamente comprensible la reacción emocional del padre para defender a su hija de la discriminación, el ordenamiento legal no avala exponer públicamente a terceros como respuesta a una ofensa, especialmente cuando involucra a menores de edad.
“La comprensión de los motivos que impulsaron una conducta no equivale a reconocer una causa jurídica de justificación”, señalaron los magistrados. El tribunal destacó que el hombre tenía a su disposición otras vías para proteger a su hija, como acudir a las autoridades escolares o a los padres de los agresores, en lugar de divulgar una conversación privada ante una audiencia indeterminada en internet.
Por considerar que el accionar vulneró el derecho a la intimidad del adolescente, el tribunal fijó una indemnización de un millón de pesos en concepto de daño moral. No obstante, los jueces desestimaron los montos millonarios exigidos originalmente por la familia del joven (que incluían gastos psicológicos futuros), al entender que el daño fue transitorio y valorando que el padre actuó motivado por la desesperación de proteger a su hija, eliminó rápidamente el escrache y se mostró arrepentido a lo largo del proceso.
