Un capataz y un maquinista de Vialidad Municipal recibieron penas de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua tras comprobarse que montaron un ‘negocio paralelo’ con recursos públicos. Comercializaban arena, tosca y horas de trabajo oficial a contratistas privados y vecinos.
La Justicia pampeana dictó sentencia en un resonante caso de corrupción que salpica a la Municipalidad de Santa Rosa. El Juez de Audiencia, Andrés Aníbal Olié, condenó a tres empleados municipales acusados de utilizar sistemáticamente bienes del Estado local para lucro personal. Osvaldo Argentino Rojas, capataz de asfalto, y Leonardo Raúl Gauna, maquinista de una retropala, fueron hallados culpables de decenas de hechos de fraude contra la administración pública. Por su parte, un tercer agente, Miguel Gregorio Díaz, fue condenado por hurto.
El mecanismo delictivo era tan frecuente como escandaloso. Entre julio y octubre de 2023, Rojas oficiaba de ‘coordinador’ y pactaba la venta ilegal de materiales áridos (tosca, arena de río, piedra molida) y el alquiler irregular de maquinaria municipal a particulares. Luego, Gauna y otro conductor de camiones (recientemente fallecido), utilizaban las retropalas y volcadores de la Municipalidad en pleno horario laboral para cumplir con estos encargos ilegales, embolsando el dinero.
Uno de los hechos más graves e insólitos comprobados por la Fiscalía, a cargo del Dr. Facundo Bon Dergham, tuvo lugar en el predio de una conocida cancha de fútbol 5 de la ciudad (‘Olimpo F5’). Allí, los empleados municipales realizaron al menos 24 viajes de camión para descargar tosca y posteriormente usaron la retropala del municipio para esparcir el material y nivelar el terreno. El cobro por estas labores se repartía en efectivo. Un revelador audio de WhatsApp interceptado entre Rojas y Gauna dejó al descubierto la impunidad con la que operaban: ‘Leo me pagó todo con billete de cien… veinticinco para mí, treinta y cinco para vos’.
La red pudo ser desbaratada gracias al entrecruzamiento de intervenciones telefónicas y a los registros del sistema satelital GPS (Infotrak) instalado en la flota municipal, que demostró cómo los pesados vehículos se desviaban sistemáticamente de las obras oficiales hacia domicilios particulares e incluso a localidades vecinas como Anguil.
Acorralados por la contundencia de las pruebas, Rojas y Gauna terminaron reconociendo los delitos al inicio del debate oral, argumentando que no llegaban a fin de mes. El tribunal dictaminó una pena de tres años de prisión condicional para Rojas y de dos años para Gauna. Ambos fueron inhabilitados de manera perpetua, lo que significa que nunca más podrán ocupar cargos en la administración pública. En tanto, Miguel Gregorio Díaz recibió una pena de seis meses en suspenso por apropiarse de tierra municipal para rellenar un terreno de su propiedad.
