En el marco del Día de la Lucha por el Río Atuel, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó un nuevo pronto despacho ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo de la presentación es exigir el cumplimiento inmediato de las sentencias que ordenan a la provincia de Mendoza garantizar un caudal mínimo y permanente del río hacia territorio pampeano, poniendo fin a una prolongada regresión ambiental y social.
La acción judicial se realizó en una fecha de alto simbolismo para la provincia. El Día de la Lucha por el Río Atuel, establecido por la Ley Provincial N.º 2867, conmemora el histórico telegrama enviado el 6 de agosto de 1947 por el radiotelegrafista Ángel Garay al entonces presidente Juan Domingo Perón, denunciando el corte del cauce por parte de Mendoza. Casi ocho décadas después, el reclamo pampeano por el derecho al agua y la reparación del daño ambiental persiste.
En el escrito presentado, Ziliotto cuestionó la inacción del máximo tribunal. “A nueve años del primero de los fallos de la Corte Suprema de Justicia resulta inentendible su inacción para hacerlos cumplir, e inadmisible y sin fundamento cierto la negativa de Mendoza a cumplirlos”, sostuvo el gobernador. El reclamo se fundamenta en las sentencias de 2017 y 2020, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
Uno de los argumentos centrales del nuevo planteo es que la negativa de Mendoza responde a una decisión política y no a una falta de agua. La presentación incorpora una publicación periodística reciente en la que autoridades de Gestión Hídrica de Mendoza reconocen perspectivas hídricas favorables debido a las nevadas de este invierno. Para La Pampa, esto evidencia que el incumplimiento del caudal ordenado no se debe a escasez, sino a una determinación del gobierno vecino.
El Gobierno pampeano advirtió que el paso del tiempo agrava las consecuencias sociales y ecológicas en el oeste de la provincia, y que la demora en la ejecución de las sentencias consolida daños cuya reparación se vuelve cada vez más compleja.
El pronto despacho recuerda que la Corte Suprema ya resolvió la controversia en dos fallos definitivos. En diciembre de 2017, reconoció la interjurisdiccionalidad del río, constató el daño ambiental en el noroeste pampeano y ordenó fijar un caudal para recomponer el ecosistema. Posteriormente, en julio de 2020, ante la falta de acuerdo entre las provincias, el tribunal estableció una meta interina obligatoria de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite interprovincial, junto con la ejecución de obras y un sistema de monitoreo. A la fecha, ninguna de estas obligaciones ha sido cumplida.
La Pampa también aportó documentación que, según afirma, demuestra que la escasez de agua no es solo por factores climáticos, sino por el manejo del recurso que realiza Mendoza. En el expediente, se señala la ineficiencia en la administración hídrica, con prácticas como riego ineficiente, sobre riego y llenado indiscriminado de reservorios en zonas productivas mendocinas.
Con esta nueva presentación, la provincia ratificó su política de Estado de defender sus derechos hídricos, exigir el respeto a los fallos judiciales y reclamar una reparación efectiva por el daño ambiental y social que continúa afectando a generaciones de pampeanos.
