La Cámara de Apelaciones de Santa Rosa rechazó un recurso interpuesto por la administradora de planes de ahorro. Se confirmó que la reliquidación de las cuotas debe hacerse mediante el índice de inflación (IPC) y no según los montos pretendidos por la automotriz en base a cláusulas nulas.
En un fallo que reafirma la protección a los consumidores frente a los planes de ahorro automotor, la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa falló en contra de Plan Rombo S.A. La jueza Carina M. Ganuza rechazó el recurso de apelación presentado por la compañía y ratificó la liquidación de cuotas presentada por una ahorrista.
El conflicto se generó cuando la automotriz intentó impugnar los cálculos realizados para la devolución y ajuste de las cuotas, cuestionando el “valor móvil” base del vehículo, los gastos de entrega y los seguros cobrados. Plan Rombo pretendía que los cálculos se realizaran basándose en los comprobantes del contrato original; sin embargo, dichas cláusulas ya habían sido declaradas nulas en la sentencia principal por ser consideradas abusivas.
La jueza Ganuza fue categórica al respaldar el trabajo del perito contador oficial y los números presentados por la amparista, tomando como punto de partida la cuota de abril de 2018 actualizada exclusivamente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En la resolución, la magistrada advirtió que Plan Rombo intentó “imponer un modo de liquidar el plan de ahorro distinto al propuesto por el perito” y subrayó que los representantes de la empresa no habían presentado objeciones en el momento procesal oportuno.
“El planteo que efectúa contradice sus propias actuaciones previas”, sentenció Ganuza respecto a las contradicciones de la automotriz sobre el valor inicial del vehículo.
Este pronunciamiento, además de imponerle las costas a Plan Rombo S.A. por resultar vencida, consolida un importante antecedente en La Pampa para cientos de suscriptores afectados por el desfasaje en las cuotas de sus vehículos, obligando a las administradoras a acatar estrictamente los topes inflacionarios fijados por la Justicia.
