Laura Ramborger, subsecretaria de Desarrollo Social de La Pampa, confirmó que el próximo lunes comienza la octava edición del relevamiento del Índice de Vulnerabilidad Social en la provincia. El operativo abarcará 11 localidades y se extenderá hasta fines de agosto, con la participación de 248 personas en equipos interdisciplinarios.
Comienza en Relicó y seguirá por toda la provincia
El relevamiento arrancará el martes en Relicó, tras una jornada de distribución de material el lunes por la tarde. La segunda semana, alrededor del 20 de julio, le tocará el turno a General Acha. Durante la última semana de julio, el operativo llegará a Jacinto Aráuz, 25 de Mayo y Victorica.
En agosto, el relevamiento se concentrará en las localidades más grandes: Santa Rosa, General Pico, Macachín, Santa Isabel y Eduardo Castex. Si las condiciones climáticas lo permiten, el operativo finalizaría el último día hábil de agosto, entre el 28 o 29, para comenzar inmediatamente con el procesamiento de datos.
Un esfuerzo que involucra a 248 personas
Ramborger destacó la magnitud del operativo y el compromiso de los equipos municipales. «Es un esfuerzo muy grande para los municipios. Los equipos municipales de las áreas de desarrollo social y otras áreas que se unen a este operativo hacen un gran esfuerzo», señaló la funcionaria.
El relevamiento requiere una etapa previa de capacitación intensiva para los encuestadores, muchos de los cuales no pertenecen al área social. La formación incluye el reconocimiento de programas sociales municipales, provinciales y nacionales, ya que las personas entrevistadas muchas veces no conocen el nombre oficial de los beneficios que reciben.
«Muchas veces las personas que son titular de algún tipo de beneficio te dicen qué es pero no el nombre. Entonces tenés que empezar: ¿Dónde lo cobrás? ¿Cómo lo cobrás? Hasta que podés elaborar cuál es el programa», explicó la subsecretaria.
Más que números: detectar situaciones de vulneración
El operativo va más allá de la recolección de datos estadísticos. Los equipos están preparados para detectar situaciones de violencia, vulneración de derechos o necesidades urgentes durante las visitas domiciliarias.
«Seguimos siendo el Estado que va a la casa de las personas. Hay mucho además del dato, hay mucha otra cosa que pasa cuando uno va al domicilio y las personas abren su casa, su hogar»
Cuando los encuestadores detectan situaciones críticas, tienen la obligación de reportarlas a sus supervisores para que el municipio pueda actuar en consecuencia. La diversidad de realidades es enorme: desde hogares con trabajo formal y estabilidad, hasta familias atravesando crisis económicas o situaciones de violencia.
Expectativa de aumento en los índices de vulnerabilidad
La funcionaria anticipó que los resultados probablemente mostrarán un incremento en los niveles de vulnerabilidad social respecto al último relevamiento de febrero-marzo, cuando ya se había registrado un aumento.
«Lo que estamos viendo es una recesión grande, una retracción de la actividad económica», afirmó Ramborger, y agregó: «Esto se nota. Muchas veces escuchás que te dicen: vio un negocio y no había nadie. Un negocio que antes tenía muchas personas y ahora no tiene nadie. Tal negocio cerró».
El cierre de fuentes de trabajo y la caída del consumo son señales claras de la situación. La subsecretaria explicó que el relevamiento permitirá entender las causas de esta retracción y evaluar qué respuestas puede dar el Estado provincial desde los programas disponibles.
El invierno agrava la situación de las familias
Ramborger también expresó preocupación por el impacto del invierno en los hogares vulnerables, especialmente por el aumento en el costo de los servicios básicos como gas y luz.
«Ya lo habíamos visto el año pasado en invierno, cómo las familias se reagrupaban para poder costear mejor el gas, la luz y demás. Esto se vio en números», recordó. Y advirtió: «El frío complica todas las situaciones, más cuando hay niños o hay personas mayores».
La funcionaria concluyó: «Es un tiempo difícil el que estamos atravesando», y ratificó el compromiso del gobierno provincial de continuar monitoreando la situación social para ajustar las políticas públicas en consecuencia.
