El Gobierno de La Pampa, a través de la subsecretaria de Derechos Humanos, Paula Grotto, se puso a disposición del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas en el Centro Clandestino de Detención (CCD) La Perla, en la provincia de Córdoba. El interés provincial radica en que tres pampeanos se encuentran entre las víctimas que desaparecieron en ese centro durante la última dictadura militar.
La subsecretaria Grotto mantuvo una comunicación con la antropóloga social Virginia Andrea Urquizu, coordinadora de la Unidad de Casos del EAAF. “Les manifestamos el interés de la Provincia en la búsqueda y nos pusimos a disposición en lo que necesitaran. Las tres víctimas pampeanas figuran entre las personas que se están buscando y van a necesitar muestras de sus familiares para la posible identificación. El Gobierno de La Pampa estará pendiente de este trabajo”, indicó la funcionaria.
Los tres pampeanos que figuran en los listados de búsqueda son Horacio Álvarez, médico oriundo de General Pico, nacido en 1951 y secuestrado el 13 de abril de 1976 en Córdoba; Omar Alejandro Olachea, reportero gráfico de Santa Rosa, nacido en 1949 y desaparecido el 21 de mayo de 1976 en Córdoba; y Severino Alonso, metalúrgico nacido en La Maruja en 1932, quien fue secuestrado junto a su pareja el 8 de enero de 1976, también en la capital cordobesa. Existen testimonios que confirman que Álvarez estuvo secuestrado en La Perla.
El EAAF ha trabajado en la zona de La Perla desde la década de 1980. En 2026, la campaña se concentró en el sector conocido como Loma del Torito, donde se recuperó un gran número de restos óseos humanos. Gracias al análisis antropológico y al cotejo de ADN con muestras de familiares, durante este año se logró la identificación de 29 personas: 12 en marzo y otras 17 en mayo. Las identidades corresponden a personas secuestradas entre 1975 y 1978.
El hallazgo y la confirmación de estas identidades representan un avance fundamental en el proceso de verdad y justicia que las familias reclaman desde hace casi medio siglo. Este progreso ha sido posible gracias al trabajo conjunto de la justicia federal, el EAAF y la indispensable colaboración de los familiares de las víctimas.
