La Asociación de Defensores y Defensoras de La Pampa emitió un duro comunicado alertando sobre la situación que atraviesa el Ministerio Público de la Defensa. Aseguran que la reciente anulación de la emergencia en Victorica dejó a la vista la falta de respuestas institucionales frente a un colapso inminente.
Luego de que la Procuración General dejara sin efecto la Resolución D.G.E. N.º 8/26, que limitaba la atención en las defensorías del oeste pampeano ante la falta de personal, la Asociación de Defensores y Defensoras de La Pampa salió al cruce. A través de un documento oficial, advirtieron que este episodio expone una “grave crisis estructural” que va mucho más allá de un simple conflicto administrativo o de competencias.
Desde la entidad señalaron una profunda contradicción por parte de las autoridades judiciales. Remarcaron que resulta significativo que la propia Procuración haya reconocido y compartido los argumentos del Defensor General —escasez crítica de trabajadores, imposibilidad de cubrir vacantes y fallas en el sistema de sustitutos—, pero que, frente a esta emergencia, la única respuesta haya sido anular la medida de contención sin ofrecer ninguna solución concreta a los problemas denunciados.
“No fue un capricho administrativo”
Los defensores subrayaron que la decisión inicial de restringir los días de atención en la IV Circunscripción “no constituyó un capricho administrativo ni una decisión arbitraria”. Por el contrario, explicaron que fue la consecuencia ineludible de una realidad alarmante: dependencias que han perdido gran parte de su personal operativo, trabajadores completamente sobrecargados y un servicio esencial que intenta seguir funcionando con recursos cada vez más limitados.
Desigualdad frente a los fiscales
El comunicado también hizo fuerte hincapié en la evidente disparidad de recursos dentro de la Justicia provincial. Según denuncian, existe una notoria desigualdad entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa en materia de recursos humanos y capacidad de cobertura territorial.
Mientras el área encargada de la persecución penal cuenta con estructuras robustas y mecanismos de sustitución significativamente más amplios, la Defensa Pública padece “serias dificultades para sostener su funcionamiento básico en numerosas localidades del interior provincial”.
Un derecho fundamental en riesgo
Frente a este complejo escenario, la Asociación exigió poner en agenda una discusión que consideran impostergable: la necesidad de fortalecer institucionalmente a la Defensa Pública, dotándola de personal adecuado y de mayores herramientas de autonomía para gestionar las crisis que afectan el servicio.
Finalmente, advirtieron sobre el impacto social de este vaciamiento. La defensa pública es una garantía constitucional indispensable, siendo habitualmente el único acceso a la justicia para los sectores más vulnerables. “Cuando las defensorías carecen de personal suficiente, no se afecta únicamente a una institución: se ve comprometido el derecho de los ciudadanos a obtener una defensa efectiva y un acceso real a la justicia”, concluyeron, sentenciando que “la crisis existe, ha sido reconocida, y lo que faltan ahora son respuestas concretas”.
