La provincia de La Pampa cerró la semana pasada acuerdos paritarios con los gremios docentes y estatales que contemplan un aumento del 4% para mayo y un 10% en asignaciones familiares. Sin embargo, el contexto fiscal obligó al gobierno provincial a enviar un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para utilizar fondos con otro destino y así garantizar el pago del aguinaldo de junio a empleados y jubilados.
El esfuerzo financiero detrás del aumento
Diego Aguirre, subsecretario de Economía de La Pampa, explicó que la masa salarial provincial alcanza los 80.000 millones de pesos mensuales, por lo que cada punto porcentual de aumento representa 800 millones adicionales. “Cada punto nos significa 800 millones extra. Haciendo una cuenta redonda, más las asignaciones son 4.000 millones más para el mes de mayo”, detalló el funcionario.
El acuerdo paritario contempla además una cláusula gatillo que se activará en julio, garantizando a los empleados públicos una recomposición por encima de la inflación semestral más dos puntos. Al proyectar el impacto anual del aumento de mayo, la cifra supera los 50.000 millones de pesos.
Ahorros agotados y nuevas urgencias
La situación financiera de La Pampa cambió drásticamente. Aguirre reconoció que en años anteriores la provincia contaba con fondos de reserva que permitían afrontar sin problemas los pagos de aguinaldo. “En años anteriores teníamos fondos disponibles. Pero bueno, el déficit previsional, el incumplimiento de la remisión de fondos del gobierno nacional para las obras públicas comprometidas hizo que el Estado tenga que solventarlas usando sus ahorros”, explicó.
“Tenemos que buscar distintas herramientas legales para ir de alguna manera cubriendo todas las necesidades que se van presentando, cumplir en tiempo y forma con los empleados, con los proveedores. Buscarle la vuelta para pasar este momento que es muy duro”
El subsecretario confirmó que el proyecto de ley presentado en Diputados busca autorizar el uso anticipado de fondos destinados originalmente a otras áreas, para adelantar recursos al Instituto de Seguridad Social y garantizar el pago de jubilaciones el 23 de junio. Cuando ingresen los recursos de coparticipación sobre fin de mes, esos fondos serán devueltos a su origen.
Caída de la recaudación y abandono nacional
La baja en los recursos de coparticipación nacional golpea directamente las arcas provinciales. Aguirre señaló que impuestos vinculados a la actividad económica, como el IVA, Ingresos Brutos y Sellos, muestran “signos de fatiga” que reflejan menor consumo y menor actividad general.
A esta situación se suma lo que el funcionario calificó como “abandono de funciones” por parte del gobierno nacional:
- Incumplimiento en la remisión de fondos para obras públicas comprometidas
- Desfinanciamiento del Plan Remediar
- Falta de cobertura de obras sociales nacionales
- Mayor demanda sobre el sistema público de salud provincial
“Eso no es gratis, tiene un costo”, enfatizó Aguirre al referirse a la necesidad del Estado provincial de cubrir servicios que antes prestaba Nación.
Regalías petroleras y perspectivas inciertas
El único dato alentador proviene de las regalías petroleras, que registraron mayores ingresos en los últimos meses debido al aumento del precio internacional del barril de petróleo, producto de la crisis en Irán. Sin embargo, Aguirre aclaró que este incremento también implica mayores costos operativos para el Estado en combustibles para seguridad, salud y servicios de transporte.
Respecto al horizonte económico, el subsecretario fue cauto. “Hay mucha incertidumbre sobre los siguientes pasos del Gobierno Nacional”, señaló, y agregó que aunque el gobierno de Javier Milei declara que “vamos por un buen camino”, desde La Pampa no ven medidas que permitan “apuntalar el consumo, el ingreso de las familias”.
Sobre una eventual baja de tasas de interés que impulse la economía, Aguirre fue escéptico: “Las familias están con un grado de morosidad, de endeudamiento muy fuerte. A lo sumo sacarán un préstamo para refinanciarse más barato, pero no para mayor consumo”.
La ingeniería financiera que La Pampa debe implementar mes a mes para cumplir con sus obligaciones salariales y previsionales refleja un escenario de ajuste permanente, sin expectativas de mejora sustancial en el corto plazo.
