El Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa rechazó el recurso presentado por la defensa de V. A. P., condenada a 22 años de prisión en 2012 por facilitar el abuso sexual de su hija de 12 años en General Pico. De esta manera, quedó firme su derivación desde el Instituto Correccional de Mujeres (Unidad 13) hacia el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres en Ezeiza.
La resolución judicial, con fecha del 5 de mayo de 2026, fue dictada por la Sala B del tribunal, integrada por el juez Mauricio Federico Piombi y la jueza sustituta María Paola Frigerio. Los magistrados ratificaron la postura del juez de Ejecución Penal, Mauricio Pascual, quien previamente había validado la disposición del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Según se desprende del fallo, el traslado de la reclusa se fundamenta en el “agotamiento de circuito” en la institución penal donde se encontraba alojada y en la necesidad de derivarla a un establecimiento que cuente con las herramientas y espacios adecuados para internas con condenas por delitos contra la integridad sexual.
La defensa de P., a cargo del abogado Jerónimo Altamirano, había intentado frenar el traslado mediante un recurso de impugnación, argumentando que las resoluciones debían ser revisadas para no dejar la suerte de los privados de la libertad al “albedrío” de los jueces de Ejecución.
Sin embargo, el Tribunal de Impugnación determinó que el planteo resultaba improcedente. Los magistrados explicaron que el juez Pascual no dictó una resolución originaria, sino que simplemente actuó como instancia revisora, ejerciendo un control de legalidad sobre una medida netamente administrativa dispuesta por el Consejo Correccional.
Un caso que conmocionó a General Pico
Cabe recordar que los hechos que derivaron en la condena de P. generaron gran estupor en la sociedad pampeana a principios de la década pasada. En 2012, la mujer fue hallada culpable de los delitos de corrupción de menores, agravada por el vínculo, y abuso sexual con acceso carnal.
Durante el juicio, la Justicia dio por probado que P. corrompió y facilitó que su propia hija, de apenas 12 años en aquel entonces, fuera sometida sexualmente por su concubino y por otro sujeto. Ambos hombres recibieron penas de 17 y 10 años de prisión, respectivamente.
El aberrante contexto de abusos salió a la luz únicamente por la valentía de la menor, quien logró huir del hogar materno en General Pico y buscar refugio y ayuda en la localidad bonaerense de González Moreno, donde residía su padre biológico.
Catorce años después de aquella histórica condena de la Cámara en lo Criminal 1, y tras haber agotado sus posibilidades de alojamiento en el sistema provincial, continuará purgando su pena en el penal federal de Ezeiza.
