El Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) endurece los controles sobre las casas entregadas por el Estado. A través del Boletín Oficial, se confirmó la recuperación de una vivienda en Victorica y se emitieron ultimátums a adjudicatarios de General Pico y Santa Rosa bajo riesgo de perder sus hogares.
En pocas líneas
- El IPAV endurece los controles sobre las viviendas sociales para asegurar su ocupación efectiva y el pago de cuotas.
- Se confirmó la recuperación de una vivienda en Victorica, adjudicada hace dos décadas, por falta de ocupación y deuda.
- Varios adjudicatarios en General Pico y Santa Rosa recibieron ultimátums para justificar incumplimientos de ocupación o pago, bajo riesgo de rescisión de la tenencia.
En un contexto donde la demanda habitacional sigue siendo una de las principales preocupaciones de los pampeanos, el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) ha decidido reforzar el control sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte de los adjudicatarios. La premisa del organismo es clara: las viviendas sociales deben cumplir su fin primordial, que es ser habitadas de manera efectiva y permanente por quienes las reciben, además de mantenerse al día con las cuotas.
Según se desprende de las recientes publicaciones en el Boletín Oficial de la provincia, el Estado ha comenzado a tomar medidas drásticas contra aquellos que incumplen las normativas vigentes, abarcando desde intimaciones formales hasta la quita definitiva de los inmuebles.
El caso de Victorica: rescisión y toma de posesión
La medida más severa notificada en las últimas horas tuvo lugar en la localidad de Victorica. El IPAV dispuso la rescisión definitiva de un Acta de Tenencia Precaria que había sido firmada hace más de dos décadas, el 23 de marzo de 2001.
La resolución recayó sobre C.S.A., adjudicataria de la vivienda N° 30 perteneciente al Plan 5000 (ubicada catastralmente en Ejido 089, Circunscripción I, Radio a, Manzana 85, Parcela 21). Según detalla el edicto oficial, la anulación de la adjudicación y la posterior autorización al IPAV para tomar posesión del inmueble se fundamenta en dos faltas graves y concurrentes: la falta de ocupación efectiva y permanente de la vivienda y la falta de pago de las cuotas de amortización.
Ultimátum en General Pico y Santa Rosa
Por otro lado, el organismo provincial emitió una serie de edictos con carácter de intimación, otorgando un plazo perentorio de diez días hábiles (a partir de la última publicación) para que los señalados presenten su descargo por escrito. De no justificar su situación, corren el riesgo de que se les rescinda la tenencia precaria.
En General Pico, la advertencia fue dirigida a E.R.F.. El Instituto le exige que argumente los motivos por los cuales no habita la vivienda N° 30 del Plan 5000 (Zona 27, 2° Etapa), domicilio legal que figura a su nombre en el expediente administrativo N° 373/1996-00030-IPAV.
La ciudad de Santa Rosa también es foco de estas inspecciones, con dos casos puntuales que salieron a la luz:
- Barrio Río Atuel: El IPAV intimó a cuatro personas (MBNC, MEC, JLAC y JMC) a enviar pruebas de descargo frente a irregularidades detectadas en el Departamento N° 103, Tira 19 del Plan FO.NA.VI. V. En este caso, el organismo señala que existe tanto falta de ocupación como deuda acumulada.
- Plan FO.NA.VI. 5000: En la misma ciudad, otra intimación recayó sobre M.B.A. , a quien se le solicita que justifique por escrito por qué no reside de forma efectiva y permanente en la vivienda N° 60 de la Zona 24.
