La ola de amenazas y retos virales que sacude a las instituciones educativas del norte provincial sumó un nuevo capítulo ayer lunes. El fiscal Guillermo Komarofky, a cargo de las investigaciones, confirmó la aparición de una nueva pintada en el Colegio Normal de General Pico y brindó detalles alarmantes sobre un allanamiento en Rancul, donde se secuestró un arsenal tras la amenaza de un alumno.
El modus operandi en General Pico
Durante la mañana de hoy, las autoridades del Colegio Normal alertaron sobre una nueva amenaza escrita en uno de los baños de la institución. “Como ha ocurrido en los demás casos, he solicitado la toma de declaraciones, el análisis de cámaras de vigilancia y la constitución de la Agencia de Investigación Científica en el lugar para el relevamiento de evidencias”, detalló Komarofky en diálogo con InfoPico Radio 99.9.
El fiscal explicó que la mayoría de estos episodios responden a un efecto contagio en redes sociales. El patrón se repite: pintadas que anuncian tiroteos para el día siguiente o después del fin de semana, casi siempre concretadas en baños de mujeres. Hasta el momento, los autores identificados en la ciudad tienen entre 12 y 14 años, lo que los vuelve absolutamente inimputables para la ley penal.
El pasado viernes, la justicia también ordenó un allanamiento en General Pico tras el rumor de que un chico de 13 años llevaba una munición al colegio. El procedimiento en la vivienda familiar arrojó resultados negativos.
El grave episodio de Rancul: de “una joda” al secuestro de armas
El caso que encendió todas las alarmas ocurrió el viernes por la tarde en la localidad de Rancul. Directivos de un colegio denunciaron que un alumno de 13 años los amenazó verbalmente con matarlos de un tiro.
“El menor habla de que se trató de una joda, pero cuando la conversación continúa, vuelve a hacer estas manifestaciones atemorizantes”, reveló el fiscal.
Ante la gravedad de los dichos, el juez de control autorizó allanamientos en los domicilios de los padres del adolescente, quienes están separados. En la casa de la madre, la policía secuestró el teléfono celular y una notebook del chico.
Sin embargo, el procedimiento en la vivienda del padre derivó en la apertura de una causa penal paralela. Los efectivos incautaron armas de fuego largas y cortas, gran cantidad de municiones de distintos calibres, un visor nocturno y un visor térmico. El hombre argumentó que las utilizaba para la caza deportiva, pero al tener la documentación vencida o carecer de ella para algunas de las armas, quedó formalmente imputado por tenencia ilegal de arma de fuego.
La intervención judicial frente a menores inimputables
Komarofky fue tajante al explicar el rol de la justicia frente a la preocupación de la comunidad educativa y de las familias. Aclaró que la justicia penal actúa sobre el hecho consumado y no hace prevención directa, pero subrayó que la edad de los involucrados no frena las investigaciones.
“No porque se determine que se trate de un menor de edad inimputable no vayamos a allanarlo”, sentenció el fiscal. “Una cosa es la inimputabilidad del menor y otra muy distinta es la búsqueda de prueba por parte de fiscalía del hecho ilícito. La ley nos permite avanzar con allanamientos y requisas”.
Finalmente, el funcionario judicial destacó que mantienen un diálogo permanente con el Ministerio de Educación —que se presentó como querellante en estas causas— para coordinar las diligencias dentro de las escuelas. No obstante, aclaró que las sanciones disciplinarias y la modalidad de cursada de los alumnos involucrados son resorte exclusivo de las autoridades educativas.
