Se realizó recientemente la 55° Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), el órgano que congrega a las máximas autoridades ambientales de la Nación y de todas las jurisdicciones del país. El encuentro, clave para la coordinación de políticas públicas, tuvo como eje central el tratamiento del proyecto de modificación de la Ley de Glaciares (Ley N° 26.639) y el análisis del trabajo técnico de la Comisión de Asesoramiento Legislativo del Consejo.
La reunión contó con la participación de representantes de 21 jurisdicciones y dejó expuestas fuertes diferencias políticas y técnicas respecto al futuro del régimen de protección de estos ecosistemas. En representación de la provincia de La Pampa asistió la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso. El resultado de la votación evidenció un escenario de paridad y fragmentación: ocho jurisdicciones votaron en contra (La Pampa, Buenos Aires, Santa Cruz, La Rioja, Jujuy, Córdoba, Formosa y Santa Fe); ocho a favor (Mendoza, San Juan, Chaco, Entre Ríos, Tucumán, Catamarca, Salta y Ciudad Autónoma de Buenos Aires); cinco se abstuvieron y tres estuvieron ausentes.
En este contexto, La Pampa manifestó una postura crítica frente a la reforma. La provincia advirtió que, bajo el argumento de fortalecer la autonomía provincial, se podría incurrir en un debilitamiento efectivo de los presupuestos mínimos de protección ambiental establecidos a nivel nacional. La posición pampeana se fundamenta en una interpretación constitucional que articula el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias con la responsabilidad indelegable del Estado nacional de fijar estándares mínimos de protección, según lo establecen los artículos 124 y 41 de la Constitución Nacional.
Desde la representación provincial se advirtió textualmente que “cualquier modificación al régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares debe preservar y fortalecer el carácter de los presupuestos mínimos ambientales, garantizar la gestión integral de cuencas interjurisdiccionales y asegurar que ninguna provincia vea comprometido su derecho a un ambiente sano por decisiones adoptadas fuera de su territorio”. La preocupación radica en que la fragmentación de estos estándares podría derivar en asimetrías regulatorias y competencia entre jurisdicciones.
Asimismo, La Pampa remarcó su condición de provincia “aguas abajo”, cuya disponibilidad hídrica depende de cuencas interprovinciales como las de los ríos Colorado y Atuel. El documento presentado subraya que decisiones tomadas en territorios “aguas arriba” impactan directamente sobre su ambiente, producción y desarrollo social. Se hizo hincapié en que, sin un Estado nacional fuerte que garantice reglas comunes, las provincias ubicadas aguas abajo quedan en una situación de desventaja estructural.
Más allá del resultado de la votación, lo ocurrido en la Asamblea pone de relieve una discusión de fondo sobre el modelo de gobernanza ambiental en Argentina. Para La Pampa, la protección de los glaciares —reservas estratégicas de agua dulce— no puede quedar sujeta a enfoques fragmentados ni decisiones unilaterales, sino que requiere una visión federal cooperativa con un Estado nacional activo que asegure el interés ambiental común.
