La relación entre el Municipio de General Pico y la empresa de telecomunicaciones Telecom ha dado un giro significativo en las últimas semanas. La intendenta Fernanda Alonso confirmó que la compañía ha regularizado su situación fiscal con la ciudad, lo que abre la puerta a un nuevo proyecto de inversión en infraestructura. Sin embargo, este avance revive un debate histórico y técnico en la localidad: la normativa sobre el tendido de cables, que hoy se encuentra bajo análisis en el Concejo Deliberante.
Saneamiento de deuda y nuevas inversiones
El punto de inflexión ocurrió el pasado 30 de diciembre, cuando se acreditó en las arcas municipales un pago cercano a los 140 millones de pesos por parte de Telecom. Este monto corresponde a la cancelación total de la deuda acumulada desde el año 2023 en concepto de tasas por uso del espacio aéreo.
Este saneamiento de cuentas fue el paso previo indispensable para que la empresa presentara formalmente su plan de inversión para la ciudad. No obstante, la iniciativa técnica choca de frente con la legislación local vigente, lo que ha obligado a las autoridades a revisar las reglas de juego para el despliegue de redes en el ejido urbano.
La encrucijada legal: ¿Por aire o por tierra?
A pesar de la voluntad de inversión, la ejecución del proyecto se enfrenta a una barrera normativa. De acuerdo con la ordenanza vigente, que data del año 1999, el cableado aéreo está prohibido en General Pico. Dicha normativa establecía un plazo para que las empresas migraran sus tendidos a una modalidad subterránea, un objetivo que, en la práctica, nunca se cumplió en su totalidad por parte de los diversos prestadores.
Bajo el marco legal actual, la empresa no podría avanzar con el tendido aéreo que requiere su plan de expansión. Ante esta realidad técnica y económica, el Departamento Ejecutivo ha tomado cartas en el asunto.
Un nuevo marco regulatorio en análisis
El Ejecutivo local elevó al Concejo Deliberante un nuevo proyecto de ordenanza destinado a modificar la legislación de 1999 y adaptarla a la realidad operativa actual. Es importante destacar que este borrador no fue una decisión unilateral: fue trabajado en conjunto con los prestadores locales buscando un consenso que proteja los intereses de la ciudad sin frenar el desarrollo tecnológico.
La nueva normativa, que actualmente se encuentra en comisiones y podría sufrir modificaciones durante el debate legislativo, propone flexibilizar la prohibición absoluta del cableado aéreo. Según el texto en análisis, se permitiría la instalación aérea bajo condiciones específicas:
- Falta de infraestructura: En áreas que aún no cuenten con redes subterráneas o infraestructura prevista para su desarrollo inmediato.
- Inviabilidad técnica o económica: Cuando la empresa justifique, mediante un informe técnico, que el soterramiento es inviable debido a costos excesivos, interferencias con servicios existentes, características del suelo o imposibilidad de acceso.
- Urgencia y provisionalidad: Para garantizar la continuidad o la provisión inicial del servicio de manera urgente, hasta que se concrete la obra subterránea correspondiente.
El Concejo Deliberante de General Pico tiene ahora la tarea de evaluar este equilibrio entre el ordenamiento urbano —que busca limpiar visualmente la ciudad mediante el soterramiento— y la necesidad de facilitar inversiones
