La litigiosidad laboral en Argentina alcanza niveles críticos. Mientras se debate la reforma laboral, las Pymes y empresas de la región enfrentan una presión judicial que amenaza la generación de empleo genuino.
El sistema de riesgos del trabajo en Argentina atraviesa una crisis de sostenibilidad que impacta de lleno en el desarrollo económico del país y, por decantación, en la actividad privada de nuestra provincia. Según datos recientes difundidos por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) y replicados en un informe de Infobae, se estima que el año 2025 cerrará con un récord de 260.000 procesos judiciales.
De esta cifra global, la mitad (130.000) corresponde específicamente a demandas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, mientras que el resto se vincula a litigios por despidos y empleo no registrado. Este escenario de alta litigiosidad genera incertidumbre en el empresariado local y nacional, actuando como un freno para la inversión y la creación de puestos formales.
Un sistema bajo tensión
Mara Bettiol, presidenta de la UART, fue contundente respecto a la situación actual: “Ningún sistema puede sostener este nivel de judicialización”. La dirigente advirtió que cualquier intento de reforma laboral será inocuo si no se aborda la dinámica judicial que somete al Sistema de Riesgos del Trabajo.
La paradoja del sistema es evidente. A 29 años de su implementación, los índices de seguridad han mejorado notablemente: la mortalidad laboral se redujo un 81%, la siniestralidad bajó un 55% y la gravedad de los accidentes cayó un 39%. Sin embargo, la cantidad de juicios no para de crecer, evidenciando una desconexión entre la realidad siniestral y la respuesta judicial.
El contraste internacional y el “Costo Argentino”
Para dimensionar la gravedad del problema, las estadísticas comparadas son alarmantes. Argentina presenta un nivel de judicialidad 21 veces superior al de Chile y 15 veces mayor que el de España.
Si nuestro país tuviese la tasa de litigiosidad de España, apenas registraría 8.200 juicios anuales; con la tasa chilena, serían 5.600. La realidad local, con sus 130.000 demandas específicas por riesgos del trabajo, expone un sobrecosto que las empresas deben trasladar a precios o absorber, restando competitividad.
Desde el sector aseguran que el costo económico de esta litigiosidad es inmenso: tomando como referencia el Salario Mínimo de mediados de año, el volumen de juicios equivale a casi 7 millones de salarios mínimos anuales.
Las causas del fenómeno
El informe destaca que la distribución de los litigios no es homogénea. Mientras provincias como Buenos Aires y Santa Fe muestran aumentos interanuales significativos en la cantidad de juicios, distritos como Mendoza y Río Negro han logrado reducir la litigiosidad.
¿La clave? La implementación de Cuerpos Médicos Forenses en el ámbito judicial. La Ley 27.348 de 2017 prevé la creación de estos cuerpos para garantizar pericias objetivas. Sin embargo, en la mayoría de las jurisdicciones —y La Pampa no es ajena a la discusión nacional sobre la necesidad de adherir plenamente a ciertos procedimientos— los peritos aún cobran honorarios atados al porcentaje de incapacidad que dictaminan.
Según la UART, esto genera un “circuito perverso de incentivos”, donde las pericias suelen otorgar en promedio 12,5 puntos más de incapacidad que lo que indica el baremo oficial. Sumado a las altas tasas de interés judiciales, el juicio laboral se transforma en una “apuesta financiera de retorno asegurado”.
Un 88% de casos sin incapacidad reconocida
Un dato revelador que ilustra la mecánica de la llamada “industria del juicio” es que el 88% de los juicios ingresados corresponde a casos donde no se reconoció incapacidad previa, o se presentaron fuera de los plazos legales. Esto sugiere que el sistema judicial está siendo utilizado no para reparar daños reales a la salud del trabajador, sino como un mecanismo de reclamo económico impulsado por incentivos procesales distorsionados.
En el programa Infobae en Vivo, se analizó que, de cara al futuro, el eje central de la discusión parlamentaria estará en definir si las nuevas regulaciones lograrán desactivar esta maquinaria de litigios que hoy asfixia a quienes intentan producir y dar trabajo en Argentina.
fuente:infobae
