El gobierno de La Pampa y los sindicatos estatales alcanzaron un acuerdo en las mesas paritarias, estableciendo un aumento salarial acumulado del 7,16% para los meses de agosto, septiembre y octubre. La propuesta, que fue elevada tras una primera instancia de negociación, fue aceptada en las mesas intersindical y docente.
En pocas líneas
- Acuerdo salarial del 7,16% para estatales pampeanos en agosto, septiembre y octubre, con cláusula gatillo en octubre.
- Aumento implica 4.500 millones mensuales adicionales en masa salarial y salario mínimo de $937.000, superando la canasta básica con asignaciones familiares.
- Pase a planta permanente de contratados y retroactividad en recategorizaciones acordadas.
- Recaudación provincial estancada, obligando al uso del fondo anticíclico para sostener servicios públicos y programas sociales.
Detalles del incremento salarial y la cláusula gatillo
En diálogo con InfoPico Radio 99.9, el subsecretario de Economía de la provincia de La Pampa, Diego Aguirre, brindó precisiones sobre el acuerdo. El incremento se distribuirá de la siguiente manera: un 3% a partir de la liquidación de agosto, un 2% acumulativo en septiembre y otro 2% en octubre.
Aguirre destacó que este aumento se suma a la aplicación de la cláusula gatillo. Explicó que en el mes de octubre, al informarse la inflación de septiembre, se acumularán los Índices de Precios al Consumidor (IPC) informados por el INDEC correspondientes a julio, agosto y septiembre. Si el IPC acumulado supera el 7,16% de aumento otorgado, la diferencia será abonada en el mismo mes de octubre.
El funcionario provincial señaló que, si bien los gremios solicitaron una mejora en la recomposición salarial, la situación provincial actual se caracteriza por un estancamiento en los recursos. Afirmó que este escenario está directamente relacionado con la paralización de la economía, el comercio y la producción industrial, lo que repercute en la capacidad del estado para hacer frente a sus gastos.
Impacto económico y salario mínimo
En términos financieros, el acuerdo representa un incremento de 4.500 millones de pesos mensuales a la masa salarial, lo que se traduce en casi 60.000 millones de pesos al año volcados a la economía provincial a través del bolsillo de los trabajadores.
Con este aumento, el salario mínimo del empleado público provincial se establece en 937.000 pesos. Diego Aguirre subrayó el compromiso de la provincia de garantizar que ningún trabajador con familia a cargo cobre menos que la canasta básica total informada por el INDEC. Al sumar las asignaciones familiares, que ascienden a casi 250.000 pesos, el valor total supera el 1.180.000 pesos, ubicándose por encima de la canasta básica para una familia tipo, que ronda los 1.150.000 pesos.
Otros acuerdos y la situación de la recaudación
Además de la cuestión salarial, en la mesa intersindical se acordó el pase a planta permanente de agentes contratados. Se trabajará en un proyecto de ley que incluirá a aquellos contratados que, por su antigüedad, hubieran sido beneficiados por la ley de recategorización. Esto significa que si un trabajador tenía más de tres años contratado, se le reconocerá la recategorización correspondiente, tomando su antigüedad de contrato.
Asimismo, se acordó una retroactividad en la recategorización al 9 de mayo. Próximamente se emitirán los decretos con las recategorizaciones, y se estima que la liquidación se realizará el mes siguiente para todos los empleados recategorizados.
En cuanto a la situación de la recaudación provincial, Aguirre manifestó que está “planchada” desde hace algunos meses, por debajo de la inflación. “No hay un crecimiento real de la recaudación”, aseguró. Esta situación obliga a la provincia a una planificación diaria de ingresos y gastos, armando la “ingeniería financiera” para atender todas las obligaciones.
El subsecretario de Economía confirmó que el fondo anticíclico que la provincia solía generar para épocas de crisis está siendo utilizado actualmente. “Ese fondo, justamente para este momento, lo estamos usando día a día para mantener los servicios mínimos, un buen servicio público en salud, educación, seguridad y demás, que son los básicos”, explicó. También se destina a asistir a personas sin empleo a través de programas sociales y a mantener un mínimo de obra pública, dada la paralización de obras y la falta de inicio de nuevas por parte del gobierno nacional.
