Los diputados Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga denunciaron la realización de “pruebas piloto” de la ley de agroquímicos en algunas localidades pampeanas, a pesar de que la normativa no se encuentra vigente ni reglamentada, y advirtieron sobre la “extrema gravedad institucional” del hecho.
El bloque de diputados provinciales de Comunidad Organizada, integrado por Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga, emitió un contundente comunicado en el que expresan su “profunda preocupación y rechazo” ante lo que describen como pruebas experimentales de la ley de agroquímicos en ciertos municipios de La Pampa. Según los legisladores, esta situación “vulnera la autonomía municipal y los principios legales establecidos”.
En el documento, Fonseca y Aliaga recalcan que la denominada “ley de agroquímicos” no tiene vigencia en ningún municipio, ya que no es de carácter obligatorio y requiere una adhesión explícita a través de una ordenanza local para su aplicación.
Además, subrayaron un punto clave que invalida su implementación: “Esta ley provincial no ha sido reglamentada en los 120 días establecidos por la Constitución de La Pampa, lo que la obliga a volver al tratamiento de la Cámara de Diputados, un paso que parece pretenderse eludir mediante estas prácticas irregulares”.
Los diputados calificaron de “inaceptable que se utilicen municipios como ‘conejillos de indias’ para experimentos o pruebas piloto basadas en una normativa que carece de vigencia legal, tanto a nivel provincial como municipal”. Sostienen que esta conducta representa un “claro abuso de autoridad por parte de los funcionarios municipales que promuevan o permitan tales prácticas”.
El bloque de Comunidad Organizada también lanzó una advertencia sobre las posibles responsabilidades legales. Recordaron que la ley de municipios es explícita al establecer la “responsabilidad personal de intendentes, secretarios o cualquier funcionario que genere daños y perjuicios al municipio por acciones de esta naturaleza”.
Finalmente, exigieron a las autoridades municipales y provinciales que “actúen con absoluta transparencia y respeto a la legalidad, cesando de inmediato cualquier práctica que comprometa la autonomía municipal y los derechos de los ciudadanos”.
