La Dirección General de Defensa del Consumidor de La Pampa ha impuesto 170 nuevas sanciones a diversas empresas, tanto locales como de otras partes del país, debido a incumplimientos en las condiciones de comercialización de productos y servicios, que vulneraron los derechos de los consumidores.
Las multas totalizan 120.100.000 pesos, lo que representa un promedio de 705.000 pesos por cada sanción. Esta información fue divulgada en el Boletín Oficial del pasado viernes y confirmada por el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, quien señaló que las sanciones fueron aplicadas en los últimos seis meses. En declaraciones a la Agencia Provincial de Noticias, el ministro afirmó que “en momentos complicados para el bolsillo de las y los pampeanos por la actual situación económica que golpea y ante posibles abusos de las empresas, el trabajo de las oficinas de Defensa del Consumidor es importantísimo para defender sus derechos”. Fernández añadió que ha habido un aumento en las denuncias en los últimos años y que esta herramienta es parte de la política del gobernador Sergio Ziliotto en defensa de la gente, subrayando que “el Estado está a su servicio para frenar los abusos”.
Entre los sectores más afectados, se encuentran los planes de ahorro de vehículos, servicios financieros, y viajes y turismo. Asimismo, se registraron numerosos incumplimientos por parte de empresas dedicadas a la fabricación de casas prefabricadas, servicios de telefonía, transporte, aerolíneas, venta online de indumentaria y comercializadoras de electrodomésticos.
La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor establece un procedimiento en dos etapas. En la fase de mediación, se busca que el denunciante y el proveedor puedan llegar a un acuerdo, principalmente a través de audiencias de conciliación. Si se logra un acuerdo, el expediente se archiva y el consumidor obtiene una resolución a su reclamo. Si no hay conciliación, el consumidor puede continuar el proceso por vía judicial, pasando a una etapa sumarial donde se evalúan las infracciones a la ley. En esta fase se imputa a las empresas correspondientes, que cuentan con derecho a defensa, y se determina la validez de las sanciones que luego se publican en el Boletín Oficial.
La ley permite sanciones que van desde apercibimientos hasta multas económicas, y el monto de la sanción se determina en función de diversos factores, como el hecho generador, los daños ocasionados al consumidor, la magnitud de la empresa involucrada, así como antecedentes de sanciones anteriores.
