Un resonante caso de presunta defraudación ocurrido en la localidad de Arata se encamina a juicio oral y público. Un hombre enfrentará cargos por la supuesta venta sin autorización de casi 500 cabezas de ganado vacuno pertenecientes a su tía, una mujer de avanzada edad, generando un perjuicio millonario. La confirmación del avance de la causa fue brindada por el fiscal Matías Juan en diálogo exclusivo con INFOPICO RADIO 99.9.
Según detalló el fiscal Juan, la investigación se inició a mediados del año pasado tras la denuncia radicada por una mujer domiciliada en Arata, actualmente de unos 80 años, con el patrocinio del abogado Pedro Febre. La damnificada acusó a su sobrino, quien hasta ese momento era una persona de confianza y administraba un campo de su propiedad en virtud de un contrato. “Él conocía del rubro de comercialización de vacunos y demás, bueno, una persona con conocimiento del tema y en confianza la señora le dio ese campo para que lo administre, compra y venda, pero obviamente siempre con la autorización de ella y rindiendo las cuentas correspondientes”, explicó el fiscal.
El nudo del conflicto radica en que, entre octubre de 2023 y enero de 2024, el imputado habría realizado diversas ventas de la totalidad del stock vacuno del campo, que ascendía a unas 498 cabezas, “sin autorización ni conocimiento de su tía, sin rendirle cuenta, sin entregarle el dinero del producido de la venta”.
El hecho delictivo quedó al descubierto cuando personal de SENASA, acompañado por la Policía de Seguridad Rural, se presentó en el establecimiento para una inspección y vacunación. “Detectan que a octubre del 23 había 498 animales y a enero del 24 no había absolutamente nada, un stock cero. Entonces dice, ¿qué pasó acá? Nadie me avisó que los vendieron”, relató Juan. Esta situación, sumada a averiguaciones y discusiones con su sobrino, llevó a la propietaria a formalizar la denuncia.
Avance judicial y calificaciones
La fiscalía consideró que existían elementos contundentes para imputar el delito. “En menos de un año nosotros pudimos constatar el hecho con pruebas a nuestro entender contundentes, imputamos el delito a esta persona, vino a la fiscalía a declarar, después se formalizó y finalmente presentamos la acusación”, indicó el fiscal.
El pasado viernes se llevó a cabo la audiencia de control de acusación, donde el juez del caso, Dr. Everpregno, resolvió admitir la acusación y enviar la causa a juicio oral, aceptando la totalidad de la prueba ofrecida por la fiscalía y la querella, y rechazando alguna prueba de la defensa por considerarla impertinente.
El Ministerio Público Fiscal ha propuesto la calificación de “administración infiel”, ya que el imputado “manejaba los intereses patrimoniales de ese campo, y defraudó los mismos, vendiendo los animales a favor propio, y no de la dueña”. Alternativamente, se planteó la figura de “estafa” o “abuso de confianza”. Estos delitos conllevan una pena que va de un mes a seis años de prisión. Sin embargo, el fiscal Juan adelantó que “dada la gran extensión del daño causado, la fiscalía no descarta la posibilidad de pedir una pena de efectivo cumplimiento”.
Por su parte, la querella, representada por el Dr. Febre, sostiene la calificación de “abigeato agravado”. “Proponen que se trató de una sustracción de animales (…) y que se agrava porque estamos ante más de cinco cabezas de ganado, y porque la persona que lo hace está dedicada a la comercialización de vacunos”, explicó el fiscal. Esta figura penal contempla una escala de cuatro a diez años de prisión.
Perjuicio millonario y la postura del acusado
Respecto al impacto económico, el fiscal mencionó que “a fines del año pasado, el doctor Febre hace una cuantificación del posible daño causado, y hablaba de alrededor de 500 millones de pesos”, cifra que no ha sido actualizada. Los animales, lamentablemente, son considerados irrecuperables. “Hemos tratado de rastrearlos, y bueno, no ha sido posible encontrar ni siquiera uno solo (…) lo que sospechamos que probablemente hayan sido a priori desfaenados”, señaló Juan.
El imputado, quien cuenta con la defensa del Dr. Ariel García, no ha declarado a lo largo del proceso. No obstante, su defensor adelantó en la audiencia que la estrategia será sostener que “en realidad a los animales los vendió la propia tía”. Esta postura fue calificada como “llamativa” por el fiscal, considerando que la víctima “se quedó sin animales, se quedó sin dinero, se quedó sin conocer mínimamente en qué consistieron las ventas, si fueron registradas o como comúnmente se dice en negro”.
Para el juicio, la fiscalía ha citado a declarar a los veterinarios de SENASA, quienes labraron un acta donde el imputado habría admitido la venta de los animales, además de la propia víctima y los efectivos policiales que intervinieron en la inspección inicial.
El próximo paso será el sorteo del juez unipersonal que se hará cargo del debate oral y, posteriormente, se fijará la fecha para el inicio del juicio que buscará esclarecer este complejo entramado familiar y delictivo.
