Ayer por la mañana se llevó a cabo la audiencia de formalización contra el intendente de Ingeniero Luiggi, Gustavo Salvadori, acusado de incurrir en el presunto delito de omisión maliciosa de consignar datos en su declaración jurada patrimonial. El proceso, que tuvo lugar en el ámbito del Poder Judicial local, fue iniciado tras una denuncia presentada por cuatro concejales del municipio.
El hecho denunciado
De acuerdo con la información brindada por la defensa, la acusación radica en que Salvadori habría omitido incluir en su declaración jurada inicial la existencia de una SAS (Sociedad por Acciones Simplificada), de la cual sería titular del 100% del paquete accionario. Según establece el artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades de la provincia de La Pampa, todo intendente debe presentar una declaración jurada de bienes y deudas al inicio de su gestión, y otra al finalizar.
En este sentido, se alega que la omisión maliciosa está contemplada en el artículo 268 (apartado 3) del Código Penal, con una pena que va desde los 15 días hasta los 2 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La explicación de la defensa
Tras la audiencia, el abogado defensor de Salvadori, el doctor Hernán Salomone, dialogó con InfoPico Radio 99.9 y explicó en detalle cómo avanza la causa y cuáles son los siguientes pasos.
“Ayer fue la audiencia de formalización. Es la instancia en la cual el fiscal le pone en conocimiento al imputado o al presunto autor del hecho que se lo está investigando”, señaló Salomone, quien remarcó que en esta etapa no se discute la culpabilidad o inocencia, sino que se informa oficialmente la imputación.
Respecto a la omisión que se le endilga a Salvadori, el defensor explicó:
“Él manifestó que no la había consignado porque era una sociedad nueva, constituida en octubre de 2023 e inscripta en noviembre de 2023. No tenía ningún tipo de movimiento, ni activo ni pasivo. Por lo tanto, de incluirla, debería haberla valuado en cero”.
La postura de la Fiscalía
Durante la audiencia, el fiscal Matías Juan afirmó que existirían elementos suficientes para sostener la imputación. Sin embargo, Salomone se mostró en desacuerdo:
“Yo disiento con el fiscal adjunto Matías Juan. Creo que no hay ningún elemento. Lo único que existe es la denuncia formulada por cuatro concejales y dos declaraciones testimoniales. Entiendo que con esos dos elementos no hay pruebas suficientes”.
Próximos pasos
La causa ingresa ahora en la etapa de investigación fiscal preparatoria, en la cual tanto la defensa como el Ministerio Público Fiscal podrán proponer o incorporar nuevas medidas de prueba.
“Estamos recién en la primera etapa. Después el fiscal tiene que analizar los elementos para acusar. Una cosa es que el fiscal esté convencido de que tiene que formalizar la investigación, y otra muy distinta es tener pruebas para sostener la acusación”, explicó Salomone.
Asimismo, el abogado enfatizó que, en caso de llegar a un juicio, el proceso podría prolongarse en el tiempo por las diversas instancias de impugnación.
“Generalmente, entre la formalización y la acusación, y elevar esto a un juicio, puede pasar un año. Después tenés la impugnación ante el Tribunal de Impugnación Penal, un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia y eventualmente hasta la Corte Suprema. Eso puede durar años”.
¿Salidas alternativas?
Salomone descartó la posibilidad de un acuerdo de partes o de mecanismos como la suspensión del juicio a prueba (probation):
“En los delitos cometidos por funcionarios públicos no se puede aplicar la suspensión de juicio a prueba. Y un juicio abreviado implicaría admitir la culpabilidad, algo que no va a suceder porque estamos convencidos de que no hubo delito”.
La sociedad en cuestión
Sobre la SAS cuya omisión derivó en la denuncia, Salomone indicó que hoy en día “está totalmente inactiva” y que varios cheques rechazados asociados a la misma fueron abonados por el propio Salvadori, incluyendo las multas correspondientes.
Conclusión
La situación de Gustavo Salvadori, intendente de Ingeniero Luiggi, quedó formalizada ante la Justicia pampeana por una acusación de omisión maliciosa de datos en su declaración jurada patrimonial. Mientras avanza el proceso, la defensa sostiene la inexistencia de pruebas incriminatorias suficientes y confía en demostrar que se trató de un error sin intencionalidad de ocultamiento.
