El Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa (CAPLP) ha emitido un contundente comunicado en rechazo al anteproyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional que propone la creación del “divorcio administrativo”. La iniciativa tiene como objetivo simplificar los trámites de disolución matrimonial, pero el CAPLP advierte sobre los riesgos que esto implica para la protección de derechos fundamentales.
La intervención judicial como garantía constitucional
Uno de los principales puntos de crítica es la necesidad de que los procesos de divorcio continúen siendo supervisados por el Poder Judicial, dado que el matrimonio y su disolución no son simples contratos civiles. El CAPLP sostiene que el matrimonio conlleva derechos y obligaciones de relevancia constitucional que no pueden ser resueltos adecuadamente fuera del ámbito judicial. Para garantizar que los derechos de ambas partes se respeten —y evitar la vulneración por terceros— es esencial la participación de un juez imparcial, en línea con el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Desprotección patrimonial y de derechos personales
Otro aspecto relevante del comunicado es la preocupación por la falta de protección adecuada en casos de disputas patrimoniales y sobre derechos de menores. El CAPLP subraya que el proceso administrativo propuesto no ofrece las garantías necesarias para resolver conflictos complejos, como los que involucran bienes o la tutela de hijos. En este sentido, argumentan que solo el sistema judicial está capacitado para asegurar una protección efectiva de los derechos patrimoniales y personales, amparados por los artículos 17 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
Riesgo de inequidad y presiones indebidas
El Colegio de Abogados también advierte sobre el potencial riesgo de inequidad que podría derivarse de este nuevo sistema. Según la entidad, el divorcio administrativo podría generar presiones sobre las personas para optar por un camino más expedito, sin considerar las consecuencias legales y económicas a largo plazo. En particular, expresan preocupación por la vulneración de la garantía de imparcialidad y del juez natural, consagradas en los artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional.
Complejidad del proceso y debilitamiento del Poder Judicial
El CAPLP destaca que el proceso de divorcio, especialmente cuando involucra hijos o patrimonio, es inherentemente complejo. La propuesta de simplificar estos trámites a través de un mecanismo administrativo es vista como una “simplificación excesiva”, que no tiene en cuenta las dificultades inherentes a estos casos. Además, el comunicado alerta sobre el debilitamiento del rol del Poder Judicial en cuestiones de familia, lo que podría comprometer su capacidad de intervención y protección de los derechos de los sectores más vulnerables.
Falta de controles en el ámbito administrativo
Uno de los puntos más críticos del comunicado es la advertencia sobre la inexistencia de controles adecuados en el ámbito administrativo, en comparación con los que ofrece el sistema judicial. Según el CAPLP, la ausencia de estos controles podría derivar en decisiones arbitrarias y dejar a una de las partes en una situación de desprotección, especialmente en casos de alta conflictividad.
Vulneración de derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes
El comunicado concluye advirtiendo sobre los riesgos específicos que este tipo de procedimientos podría generar para mujeres, niños, niñas y adolescentes, quienes requieren de la intervención de asesores especializados y jueces capacitados para velar por sus derechos. El CAPLP enfatiza que la lucha por los derechos de estos grupos vulnerables podría verse gravemente afectada si el trámite de divorcio administrativo se impone sin los mecanismos de protección adecuados.
En resumen, el Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa rechaza enérgicamente el proyecto de divorcio administrativo, argumentando que una modernización del sistema de divorcios no puede realizarse a expensas de los derechos fundamentales de las personas. La intervención judicial, consideran, es esencial para garantizar procesos justos, equitativos y que ofrezcan protección adecuada a todas las partes
