El sujeto le rompió el celular y la amenazó de muerte en decenas de ocasiones. Le dieron 8 meses de prisión condicional.
La Jueza de Control María Jimena Cardoso de la Segunda Circunscripción Judicial condenó hoy a un hombre de 43 años a ocho meses de prisión en suspenso como autor de los delitos de “amenazas simples” –dos hechos- y “daño simple”, resultando damnificada su ex pareja con quien tiene 5 hijos menores de edad.
La condena se dictó en el marco de un acuerdo de juicio abreviado donde intervino como fiscal Ana Laura Ruffini y como defensor oficial Alejandro Caram, con el consentimiento de las partes. En la Audiencia de VISU se le consultó a la mujer sobre la necesidad de obtener un botón antipánico quien manifestó que ya le ha sido entregado y que lo tiene en su poder por otra denuncia anterior.
En cuanto a los hechos denunciados, el primero sucedió el 18 de septiembre de 2016, cuando el imputado estaba con sus hijas en la vereda de la casa de la mujer y una de las menores le preguntó a la damnificada si el padre podía pasar y ella le respondió que sí porque hasta ahí no habían tenido discusiones. Minutos después el imputado comenzó a pedirle el celular y a decirle que la iba a matar, que no la perdonaba más y salió de la casa. En ese momento la víctima fue a buscar el teléfono celular para llamar a la policía y el hombre entró nuevamente, tomó su teléfono, lo tiró al suelo y lo rompió, diciéndole que no haga ninguna denuncia porque tarde o temprano se la iba a cobrar.
El segundo hecho ocurrió el 27 de noviembre de 2016, día en el que la damnificada denunció que hacía 10 días que su ex pareja la estaba amenazando tanto por teléfono como personalmente, con expresiones tales como que si no estaba con él no iba a estar con nadie, que si la veía con alguien la iba a degollar y que no le importaba ir preso. La mujer expresó que la noche anterior había recibido diez llamadas de él amenazándola y manifestó temor por su vida y la de sus hijos.
Entre otras pruebas vertidas en la investigación fueron fundamentales las denuncias radicadas por la víctima y ratificadas en sede del M.P.F.; el informe efectuado por la Brigada de Investigaciones que da cuenta de los daños en el teléfono celular de la víctima y la declaración del imputado en la que aceptó su responsabilidad y autoría en los hechos antes mencionados.
La magistrada impuso al imputado las siguientes reglas de conductas por el término de dos años: fijar domicilio y no ausentarse del mismo o modificarlo sin dar aviso previamente al juez de ejecución penal y al M.P.F. ; prohibición de acercamiento al domicilio de la víctima y a los lugares de concurrencia habitual de la nombrada; asistir a la escolaridad primaria hasta completarla; realizar un tratamiento psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia por parte de profesional idóneo en la materia.