La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió declarar inoficioso emitir un pronunciamiento en el marco de la acción de amparo ambiental que la provincia de La Pampa había iniciado contra el Estado Nacional y la provincia de Mendoza por la obra “Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento”. La determinación se adoptó luego de que la Fiscalía de Estado pampeana manifestara la pérdida de interés actual en el trámite judicial a raíz de las medidas adoptadas con posterioridad a la demanda.
El reclamo inicial de La Pampa
La presentación original de la provincia de La Pampa buscaba impedir o suspender cualquier procedimiento o trabajo vinculado a la concreción y puesta en marcha de la represa sobre el río Colorado. El planteo provincial exigía la realización previa de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) integral sobre toda la cuenca hídrica, con participación ciudadana y la posterior aprobación con carácter vinculante por parte del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), conforme a la Ley de Obras Hidráulicas N° 23.879.
En su momento, La Pampa también había denunciado que Mendoza avanzó con la apertura de sobres de la licitación pese a lo dispuesto por la mayoría de las provincias del comité de cuenca en el acta 73 del año 2020, donde se había acordado el estudio ambiental regional.
Los hechos que dejaron sin efecto la controversia
El máximo tribunal recordó que el 29 de diciembre de 2022 se dictó el laudo arbitral de la Presidencia de la Nación, el cual ratificó la necesidad de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental Regional e Integral sobre toda la cuenca del río Colorado y someterlo a consideración del COIRCO, además de determinar la aplicación de la ley 23.879.
A esto se sumó que, a través del decreto 2510/2023 publicado en el Boletín Oficial mendocino, el gobierno de Mendoza dejó sin efecto el proceso licitatorio que había puesto en marcha para la ejecución de la obra.
La postura pampeana y el archivo del expediente
Frente a este nuevo escenario, el tribunal requirió a la parte actora que justificara si subsistía un conflicto litigioso actual. Al responder, la Fiscal de Estado de La Pampa, Romina Belén Schmidt, expresó la ausencia de interés actual del Estado provincial en continuar con la tramitación de los autos, en sintonía con lo expuesto en actuaciones vinculadas.
De esta manera, la Corte Suprema concluyó que no se verifica un interés jurídico inmediato o directo que configure un litigio activo apto para ser resuelto en su instancia originaria, disponiendo la notificación a la Procuración General de la Nación y el posterior archivo de las actuaciones.