El debate en torno a las modificaciones integrales del sistema electoral argentino volverá a instalarse en la agenda parlamentaria la próxima semana. La reactivación se dará en un escenario atravesado por notorias rispideces y una interna cada vez más visible dentro del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado de la Nación.
Tras dos meses sin actividad, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, convocó a los legisladores para el próximo martes 17 a partir de las 15:00 en el Salón Arturo Illia. La reunión tendrá como eje central la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo para derogar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque el texto incluye además reformas de peso, tales como la apertura al financiamiento electoral privado sin topes y la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales.
Un temario con modificaciones estructurales
La propuesta que impulsa el oficialismo va mucho más allá de suprimir las elecciones primarias. En lo que respecta a la vida interna de las fuerzas políticas, eleva considerablemente las exigencias para obtener y mantener la personería jurídica: demandará reconocimiento en al menos diez distritos y fijará umbrales más altos de afiliación y porcentaje de votos. Aquellas agrupaciones que no participen en dos comicios nacionales sucesivos o no alcancen el caudal mínimo requerido perderán su estatus legal. Asimismo, se imponen condiciones más severas para acordar alianzas o fusionar partidos, y se prohíbe de forma expresa la contratación de personas extranjeras para tareas de campaña.
En materia económica y de recursos, el proyecto suprime los aportes específicos del Estado para las campañas y habilita el financiamiento privado irrestricto por parte de personas y empresas, bajo un esquema regulado y con trazabilidad, cuyo argumento oficial radica en mitigar la filtración de dinero proveniente del narcotráfico. Si bien se sostiene el Fondo Partidario Permanente, se revisan los parámetros de distribución y se incrementan los controles sobre el origen y aplicación de los fondos.
Por otra parte, la reforma introduce cambios en la Boleta Única de Papel (BUP) para posibilitar que el elector marque la opción de «lista completa» e integrar categorías nacionales, provinciales y municipales en un solo soporte. A esto se añade la eliminación de la cesión obligatoria de espacios de publicidad en medios audiovisuales, la suspensión de los comicios directos para legisladores del Parlamento del Mercosur (Parlasur) —quienes pasarían a ser designados de forma indirecta por la Cámara de Diputados— y la incorporación de mecanismos digitales tanto para la afiliación como para la recolección de avales ciudadanos.
Sorpresa, Ficha Limpia y la postura de los aliados
El llamado a sesionar tomó desprevenida a una parte sustancial de la bancada libertaria, incluida su jefa de bloque, Patricia Bullrich, en cuyo entorno aseguraron que el tema no formaba parte de la agenda inmediata. «No están los votos. Y si están, que se encargue Santilli de traerlos», deslizó una calificada fuente legislativa respecto del rol articulador que debería cumplir el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El desafío numérico del oficialismo no se agota en reunir las firmas para emitir dictamen de mayoría; también deberá resolver su posición frente a un reclamo determinante de los bloques dialoguistas. Tanto el PRO como la Unión Cívica Radical (UCR) anticiparon que solo acompañarán la reforma si avanza en simultáneo el proyecto de Ficha Limpia, una iniciativa con la que el oficialismo ha mostrado reparos en reiteradas ocasiones. Frente a este panorama, los aliados preparan su propio dictamen para la jornada del martes bajo una advertencia contundente: «Sin Ficha Limpia, no hay nada de lo demás».
El tratamiento legislativo de las PASO arrastra un historial complejo: a lo largo de los últimos diez meses, la comisión especializada solo se congregó en dos oportunidades y ambas concluyeron en cuartos intermedios sin éxito, atribuidos a la rigidez de LLA, que inicialmente había barajado la alternativa de una suspensión transitoria antes de insistir con la eliminación definitiva.
Internas cruzadas y la presión del calendario
La reapertura del debate expone la tirantez política entre Bullrich y la Casa Rosada. Mientras la senadora advirtió reiteradamente la falta de voluntades suficientes para aprobar el texto, desde la Jefatura de Gabinete se insistía en que los números estaban al alcance. Ante tales diferencias, la exministra transmitió una directiva tajante: «que Santilli consiga a los gobernadores y yo el resto».
En los pasillos del Senado se interpretó la citación intempestiva y el hermetismo como una suerte de llamado de atención orquestado por los hermanos Javier y Karina Milei ante las discrepancias públicas de Bullrich y las versiones sobre un eventual «Plan B». Incluso se abrió el interrogante de si Coto actuó bajo la órbita de Bullrich o respondiendo a directivas de la senadora Nadia Marquez, figura estrechamente ligada a la secretaria general de la Presidencia y al sector de los Menem.
El desenlace de esta discusión está atado, además, a las negociaciones por el Presupuesto nacional en Diputados, donde todavía no se consolida un acuerdo. Sectores de la oposición dialoguista y representantes de provincias analizan con cautela si convalidarán reformas institucionales sin certezas sobre las partidas para sus distritos, el envío de pliegos judiciales pendientes y el armado de las futuras listas electorales que comanda la cúpula libertaria.
Con el inicio formal del cronograma electoral a la vista —acelerado por el llamado a comicios en la provincia de Neuquén para el próximo 14 de febrero—, los tiempos para el Congreso resultan cada vez más acotados. Para adecuarse a los estándares internacionales que regulan las modificaciones del sistema electoral, el Parlamento debería contar con la ley aprobada antes de que concluya el mes de diciembre.