El Tribunal de Impugnación Penal ratificó la condena contra un hombre por abuso sexual doblemente agravado. Los hechos ocurrieron entre 2019 y 2020, aprovechando la confianza familiar y su rol de cuidador.
El Tribunal de Impugnación Penal (TIP) de La Pampa, a través de su Sala “A”, confirmó una dura condena de 8 años y seis meses de prisión efectiva para un hombre hallado culpable de abusar sexualmente de su sobrina política y ahijada. Los ataques ocurrieron de manera reiterada entre abril de 2019 y el año 2020, época en la que la víctima tenía entre 10 y 12 años.
El fallo, dictado por las juezas María Eugenia Schijvarger y María Antonella Marchisio, rechazó contundentemente el recurso de impugnación presentado por la defensora particular, Alejandra Lezcano López. La defensa había intentado revertir la sentencia original impuesta por el juez de audiencia Andrés Aníbal Olié, argumentando supuestas imprecisiones temporales y falta de pruebas directas o testigos presenciales.
De acuerdo al expediente, el condenado se valió de la cercanía familiar y de la confianza de los padres de la menor para someterla. Los estremecedores relatos de la víctima demostraron que los abusos ocurrieron en distintos contextos cotidianos: durante el cumpleaños de su madre, en los traslados escolares a bordo del taxi que el hombre conducía, e incluso ocultos detrás de un viejo Renault 19 bordó estacionado en un patio familiar.
Al analizar el caso, las magistradas subrayaron que en los delitos contra la integridad sexual (cometidos habitualmente “intramuros” o en la clandestinidad), el testimonio de la víctima cobra un valor esencial. En este sentido, la declaración de la adolescente no solo fue persistente y coherente, sino que encontró pleno respaldo en las pericias psicológicas —que evidenciaron el daño traumático— y en la confirmación de múltiples indicios periféricos que validaron la acusación.
Con esta resolución, la Justicia provincial deja firme la condena por el delito de abuso sexual doblemente agravado, sosteniendo la figura del abuso con acceso carnal y la aplicación de la figura de “encargado de la guarda”, dado el rol tutelar y protector que el padrino y tío político ejercía fraudulentamente sobre la niña.