El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa aprobó el Presupuesto de Gastos e Inversiones previsto para el ejercicio financiero 2027, el cual fue remitido a la Cámara de Diputados para su tratamiento y al Poder Ejecutivo provincial para su información. El proyecto contempla una partida principal de más de 18.204 millones de pesos para el funcionamiento e inversiones del máximo tribunal, la solicitud de 190 cargos y categorías en las cuatro circunscripciones, y un plan de obras públicas encabezado por la construcción de un nuevo edificio judicial en General Pico.
La medida fue formalizada mediante el Acuerdo ACUST-2026-22-E-JUSPAMPA-STJLP, rubricado en Santa Rosa por el presidente del cuerpo, Hugo Oscar Díaz, junto a la ministra María Verónica Campo y los ministros Fabricio Ildebrando Losi, José Roberto Sappa y Eduardo Daniel Fernández Mendía. En el documento, los magistrados señalaron que el cálculo se elaboró considerando “los recursos mínimos indispensables para garantizar la prestación eficaz y continua del servicio de justicia” y advirtieron que varias de las necesidades incluidas ya habían sido solicitadas en ejercicios anteriores sin haber recibido atención hasta la actualidad.
Obras prioritarias: fuerte impronta en General Pico
Dentro del plan de trabajos públicos requeridos al Ministerio de Obras y Servicios Públicos del Ejecutivo provincial, el STJ fijó un orden de prioridad que ubica en el puesto número uno la construcción del “Nuevo edificio Judicial de la ciudad de General Pico”.
Además de esta obra central para el norte pampeano, el listado de diez intervenciones edilicias contempla otras dos mejoras directas para la actual infraestructura piquense: en sexto lugar se solicita la pintura exterior, la reparación de filtraciones de humedad en el subsuelo y obras complementarias en los tribunales locales, mientras que en el décimo punto se pide el reordenamiento del espacio destinado al estacionamiento del edificio.
El resto del plan de infraestructura provincial incluye refacciones integrales y un estudio de factibilidad para colocar paneles solares en el Centro Judicial de Santa Rosa, la ampliación y pintura de la sede del STJ, la remodelación del edificio del Tribunal Electoral y Consejo de la Magistratura, un nuevo edificio judicial para 25 de Mayo, la colocación de un ascensor en los tribunales de Victorica y la refacción del Juzgado de Paz de Chacharramendi.
Refuerzo de personal en la Segunda Circunscripción y la provincia
En materia de recursos humanos, el Poder Judicial detalló la necesidad de incorporar y jerarquizar un total de 190 cargos y categorías distribuidos entre organismos jurisdiccionales y administrativos de toda la provincia.
En lo que respecta específicamente a la Segunda Circunscripción Judicial, con cabecera en General Pico, el proyecto contempla las siguientes asignaciones:
- Oficina de Gestión Judicial de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes: un cargo de Secretario de Primera Instancia, una categoría de Prosecretario, un Oficial Superior de Primera, un Oficial Superior de Segunda y cuatro cargos de Escribiente para fortalecer e integrar una nueva unidad.
- Oficina de Gestión Común para los Juzgados Laborales: una categoría de Prosecretario, un Jefe de Despacho y un cargo de Escribiente.
- Juzgados en lo Civil, Comercial y Minería: un cargo de Escribiente para reforzar el Juzgado N° 1, y dos categorías de Oficial Superior de Segunda destinadas a los Juzgados N° 1 y N° 3 para equiparar estructuras en el fuero.
- Fuero Penal: dos cargos de Jefe de Despacho para el Juzgado de Ejecución Penal y otros dos cargos de Jefe de Despacho para la Oficina Judicial Penal.
- Áreas técnicas, administrativas y de servicios: tres categorías de Jefe de Despacho y tres de Jefe de Departamento para la Oficina Forense local; un cargo de Escribiente para la Oficina de Mediación; un Oficial Superior de Segunda para la Oficina Contable; y una categoría de Auxiliar Técnico para la Secretaría de Seguridad.
A nivel provincial, también sobresalen el pedido de un equipo completo para poner en marcha el Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes de la Cuarta Circunscripción (integrado por un Juez, un Secretario, un Prosecretario, un Jefe de Despacho y tres Escribientes), diez cargos de Jefe de Departamento para los Equipos Técnicos multidisciplinarios, 17 categorías de Jefe de Despacho para retener al personal con formación tecnológica de la Secretaría de Sistemas y Organización ante la competitividad del mercado laboral, y cinco Escribientes para los Juzgados de Paz de Carro Quemado, Colonia Santa Teresa, Limay Mahuida, Luan Toro y Puelén, que actualmente solo cuentan con su titular. Asimismo, se prevé el ingreso de personal bajo los cupos de discapacidad (Ley 2226) y de inserción laboral travesti, transexual y transgénero (Ley 3320).
Por otra parte, para cumplir con el Acuerdo Paritario N° 1, se solicitó la asignación temporal de 91 categorías para la Rama Administrativa y 22 para Maestranza y Servicios, lo que permitirá recategorizar a 272 agentes judiciales sin representar un incremento permanente en la planta de personal. También se reiteró el pedido de una bonificación especial del 10% para Oficiales Notificadores y Oficiales de Justicia por la exposición a situaciones de riesgo físico y psíquico.
Números, tecnología y renovación de flota
Sin contar la partida salarial —cuyo cálculo corresponde al Poder Ejecutivo provincial—, los créditos presupuestarios para gastos corrientes y de capital de la Unidad de Organización del Superior Tribunal de Justicia ascienden a $18.204.900.000. Entre los rubros operativos de mayor peso se encuentran el pago de servicios de electricidad, agua y gas ($2.365.000.000), la limpieza de edificios judiciales ($1.984.700.000), el pago de alquileres de inmuebles ($1.295.500.000), las pasantías para 61 estudiantes de la UNLPam ($628.700.000) y los honorarios de mediación ($604.200.000).
En el apartado de inversiones de capital y equipamiento, que suma más de 3.711 millones de pesos entre ambas partidas, el STJ puso el foco en respaldar el proceso de digitalización de los expedientes (sistemas SIGELP, SIGE y GDE) y garantizar la ciberseguridad. Para ello, proyecta la compra de más de 300 computadoras —tanto para renovar equipos obsoletos como para cubrir nuevos puestos—, la actualización de servidores, redes y sistemas de respaldo, el mantenimiento de las salas de audiencias y Cámaras Gesell, y una nueva central telefónica en Santa Rosa. Además, se presupuestó la compra de 12 vehículos nuevos para renovar el parque automotor oficial, reducir costos de taller y sumar unidades con mayores estándares de seguridad.
Finalmente, el documento incorpora las previsiones presupuestarias de los organismos con autonomía o tratamiento específico que funcionan dentro de la órbita judicial: el Tribunal Electoral provincial proyectó gastos por $1.874.209.300, el Consejo de la Magistratura fijó su requerimiento en $79.000.000 y el Jurado de Enjuiciamiento estimó una partida de $10.000.000, sumado al presupuesto propio elaborado por el Ministerio Público.
