La Subsecretaría de Derechos Humanos de La Pampa coordina junto a representantes de trece provincias una red de apoyo al trabajo que lleva adelante el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en Córdoba, donde se rescatan restos de víctimas de la última dictadura militar sepultados en el predio del ex Centro Clandestino de Detención La Perla. Ante este escenario, los organismos provinciales convocan a familiares de personas desaparecidas entre 1974 y 1983 para que aporten muestras de sangre que permitan cotejos de ADN.
Hasta el momento, los peritos forenses lograron aislar 35 perfiles genéticos en el lugar, de los cuales se restituyó la identidad a 29 víctimas del terrorismo de Estado. Sin embargo, aún quedan seis perfiles pendientes de identificación. Con el objetivo de esclarecer estos casos, las áreas de derechos humanos provinciales impulsan una campaña de difusión para sumar material genético de personas que sospechen o conozcan que sus allegados fueron víctimas en la provincia mediterránea.
La articulación interprovincial se formalizó este miércoles a través de una videoconferencia convocada por la subsecretaria cordobesa Tamara Pez, de la que participó su par pampeana, Paula Grotto. El encuentro contó además con la intervención de autoridades de La Rioja, Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, Tierra del Fuego, Mendoza, Chubut, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán, junto a referentes de organizaciones de derechos humanos, peritos del EAAF y miembros del Juzgado Federal N° 3, que interviene en la causa judicial.
“La idea del encuentro fue actualizarnos sobre la situación de búsqueda que se está realizando en este momento en La Perla y apoyar en difundir sobre los trabajos y en acercarnos a los familiares que tuvieron alguna víctima del Terrorismo de Estado en Córdoba. La idea es seguir sumando muestras de sangre y tener el material genético para comparar con los restos que se hallan. Desde el EAAF idearon una campaña que vamos a replicar desde las provincias”, detalló Grotto a la Agencia Provincial de Noticias.
Asimismo, la funcionaria pampeana subrayó la necesidad del esquema de colaboración directa entre distritos: “Fue importante y necesario este encuentro para coordinar el trabajo federal, ya que el Consejo Federal de Derechos Humanos no está funcionando y no nos está convocando a las provincias. Igualmente, las provincias seguimos movilizadas y comprometidas, sosteniendo la política de la memoria, y seguimos buscando la verdad y la justicia para estos casos que todavía faltan esclarecer”. En ese marco, agregó que se proyecta concretar un encuentro presencial en Córdoba motorizado por las provincias comprometidas con la temática.
Las cuatro víctimas pampeanas vinculadas al centro clandestino
La intervención del Gobierno pampeano guarda un lazo directo con la historia de la provincia, dado que cuatro personas oriundas o radicadas en el territorio se encuentran vinculadas a los crímenes de La Perla. El registro histórico documenta las desapariciones de Horacio Álvarez, nacido en General Pico y secuestrado el 13 de abril de 1976 en Córdoba; y del santarroseño Omar Alejandro Olachea, desaparecido en la capital cordobesa el 21 de mayo del mismo año.
La nómina de víctimas pampeanas ligadas a dicho circuito represivo se completa con Severino Alonso, nacido en la localidad de La Maruja y secuestrado junto a su pareja el 8 de enero de 1976 —antes del golpe de Estado— en Córdoba; e Inés Magdalena Uhalde, quien residió en General Pico y fue secuestrada el 12 de agosto de 1976.
