El Superior Tribunal de Justicia pampeano debió declarar prescripta la condena a tres años de prisión efectiva contra un automovilista. La insólita demora del máximo tribunal del país consumió los plazos legales y evitó que el responsable cumpla su pena.
Un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa expuso de la peor manera los efectos colaterales de los tiempos de la Justicia en Argentina. Orestes Carlos Caprín, condenado en 2019 a tres años de prisión efectiva y seis años de inhabilitación por provocar la muerte de dos personas por conducción imprudente, zafó definitivamente de ir a la cárcel debido a la prescripción de su pena.
El camino hacia esta resolución no estuvo marcado por la inocencia del imputado, sino por la burocracia judicial. Tras recibir su condena inicial, la defensa inició un largo derrotero de apelaciones que recaló en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal del país se tomó casi cinco años para expedirse, y lo hizo únicamente para ordenar una revisión técnica sobre la modalidad en que debía ejecutarse la detención.
Al regresar el expediente a La Pampa, los ministros de la Sala B del STJ, Eduardo Daniel Fernández Mendía y Gastón Boulenaz, advirtieron que los tribunales inferiores y las partes estaban discutiendo erróneamente la prescripción de la “acción penal” cuando correspondía analizar la prescripción de la “pena”, ya que la condena de culpabilidad estaba firme.
La ley establece que las penas prescriben en un lapso igual al tiempo de la condena dictada. Como la Corte Suprema tardó casi un lustro en emitir su fallo, ese tiempo superó con creces los tres años de prisión dictaminados originalmente para Caprín. En términos simples: la demora del Estado extinguió el castigo.
Los abogados querellantes, Germán Cervellini y Rodrigo Gamba, intentaron evitar este desenlace advirtiendo que perdonar la pena en un caso de extrema gravedad generaba un mensaje de impunidad incompatible con el deber de protección de la vida. Pese al dictamen favorable del Procurador General a la querella, los magistrados pampeanos aplicaron la matemática del Código Penal: el tiempo se agotó y la condena prescribió, dejando a las víctimas sin justicia material.
