El subsecretario de Recursos Hídricos de La Pampa, José Gobbi, sostuvo que el decreto del Gobierno nacional que le otorga a Mendoza el 100% de las regalías del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles constituye «un avasallamiento de los derechos pampeanos». En diálogo con InfoPico Radio 99.9, remarcó que existe un convenio de 1992 ratificado por ley en ambas provincias y homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. «Hay que cumplir el convenio», resumió.
El decreto que reavivó la disputa
El conflicto se reactivó el 11 de septiembre de 2026, cuando el Poder Ejecutivo nacional dictó el Decreto 982/2026, que derogó el régimen vigente desde 1973 y le asignó a Mendoza la totalidad de las regalías del complejo, en la antesala de la privatización de los activos. La reacción pampeana fue inmediata: la provincia obtuvo un freno judicial de la mano del juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, que hizo lugar a la medida cautelar solicitada.
Gobbi fue categórico al describir la lectura oficial del episodio. «Esto es una movida por parte de Mendoza y del Gobierno nacional que nosotros lo interpretamos como un avasallamiento de los derechos pampeanos», afirmó, y subrayó que el rechazo «tanto del gobierno de la provincia como de la sociedad toda fue rotundo y contundente».
El convenio del 92 y el fallo de 1987
El funcionario repasó la letra chica del acuerdo que, según su mirada, tanto Nación como Mendoza «parecen olvidar». Se trata del convenio firmado en 1992, cuando el Estado nacional traspasó el complejo Los Nihuiles a Mendoza, instrumento enmarcado en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1987 que reconoció la interjurisdiccionalidad del río Atuel.
«Lo que implica que tanto la provincia de Mendoza como la provincia de La Pampa somos dueños de ese río. No nos debemos olvidar de eso», planteó. Y leyó textualmente la cláusula quinta del convenio, que obliga al Estado nacional, a Mendoza «y/o quien resulte propietario» del complejo a cumplir con las regalías hidroeléctricas a favor de La Pampa en relación a la explotación del sistema.
Para Gobbi, el decreto nacional desconoce ese compromiso.
«Nación borra con el codo lo que se acordó y se escribió oportunamente con la mano. Este convenio tiene fuerza de ley, consecuentemente hay que cumplirlo»
El subsecretario agregó una crítica de fondo al Gobierno nacional: «Parece ser que en este país, lamentablemente, desde que tenemos este gobierno nacional, el no cumplimiento de las leyes es la norma». Sobre los argumentos mendocinos —la teoría de la fuente o la teoría del salto—, fue tajante: «Está bien, son argumentaciones de su parte, pero hay un convenio y ese convenio hay que cumplirlo. No hay que mucho gregué para decir Gregorio, está muy clarito».
La respuesta de Mendoza y el camino judicial
Del otro lado de la cordillera hubo contraataque: la fiscalía de Estado mendocina sumó el decreto como hecho nuevo y pidió la inhibitoria del juez federal de Santa Rosa. Consultado sobre cómo seguirá el expediente, Gobbi fue prudente: «Eso lo mira la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Habrá caminos legales y administrativos legales que se seguirán».
De todos modos, aclaró que no le interesa quedarse en la discusión estrictamente jurídica. «Hay un convenio ratificado por ley, no hay mucho que discutir en ese sentido. Lo que me parece importante aquí es analizar las connotaciones que tiene esta cuestión», señaló.
«Una decisión política» detrás del expediente
Según el funcionario, el trasfondo del conflicto es político y se encadena con la histórica pelea por el Atuel. Enumeró lo que considera las definiciones de fondo del gobierno mendocino:
- No permitir la cogestión de las aguas de un río compartido entre ambas provincias.
- Seguir quedándose con agua «que le pertenece a todos los pampeanos y las pampeanas».
- No cumplir con el fallo de la Corte Suprema de 2020, que fijó un caudal de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite interprovincial.
«Por eso lo interpretamos como que es un embate más para avasallar los derechos pampeanos sobre un río que nos pertenece. Y esto hay que ponerlo con todas las palabras», enfatizó.
Las regalías y el noroeste pampeano
Gobbi introdujo un dato que, a su entender, desarma cualquier lectura puramente económica del conflicto: los montos en juego «no mueven el amperímetro ni al presupuesto de la provincia de Mendoza ni al presupuesto de la provincia de La Pampa». Pero aclaró que en el caso pampeano el destino de esos fondos está definido por ley y se distribuye entre las localidades del noroeste, las más golpeadas por la falta de escorrentía del Atuel.
«A nuestros comprovincianos y comprovincianas no solamente Mendoza les roba el río, con las alteraciones ambientales y sociales ampliamente documentadas y probadas ante la Corte Suprema, sino que ahora intenta quitar esas regalías que permiten hacer inversiones productivas y de mantenimiento de infraestructura», describió.
Por eso, remarcó, el tema no es retórico: «Estamos defendiendo nuestra soberanía hídrica». En esa línea recordó la primera reacción del gobernador Sergio Ziliotto al conocerse el decreto: «No nos vamos a quedar quietos». Y completó: «Indudablemente no nos quedamos quietos. Creo que la respuesta ha sido contundente y, por el momento, nos han dado la razón».
«El resto es cháchara»
Al cierre de la entrevista, el subsecretario volvió sobre el eje de su planteo y pidió separar la paja del trigo. «Hay un convenio bipartito ratificado por ley, homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y esperemos que en este país las leyes se empiecen a cumplir de una vez por todas», expresó.
«El resto, como dijera alguien en mi pueblo, es cháchara. Hay que cumplir el convenio»
Su expectativa quedó depositada en el máximo tribunal y en la Justicia Federal: «Esperemos que estén a la altura de las circunstancias y que no se produzca un nuevo avasallamiento a los derechos pampeanos sobre el río Atuel».
